El Gobierno va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030 que va a contar con un presupuesto de hasta 7.000 millones de euros y tiene el objetivo de acabar con la privatización de viviendas públicas o protegidas. Así, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicó que el plan va a centrarse en la rehabilitación de vivienda, la movilización del parque vacío y el impulso del acceso de jóvenes al medio rural.
El plan plantea, en primer lugar, una serie de ayudas destinadas a mejorar las viviendas existentes. Se financiarán obras estructurales para reforzar los edificios, así como actuaciones que faciliten la accesibilidad y reduzcan el consumo energético. Las cuantías varían según el tipo de intervención: hasta 8.000 euros para reformas estructurales, 13.000 euros para accesibilidad y hasta 20.500 euros para mejoras energéticas, dependiendo del ahorro conseguido, el tamaño de la vivienda y el coste total. En el caso de inmuebles situados en cascos históricos o protegidos, las ayudas pueden incrementarse considerablemente, alcanzando en conjunto hasta 50.000 euros si se combinan varias actuaciones.
Además, el programa busca aumentar la oferta de alquiler asequible mediante la colaboración con propietarios privados. Aquellos que cedan sus viviendas a la administración autonómica durante siete años recibirán una compensación económica, junto con inversiones públicas para adecuar el inmueble al inicio del alquiler (hasta 12.000 euros) y para devolverlo en buen estado al finalizar la cesión (hasta 18.000 euros). También se incentiva la rehabilitación de viviendas vacías con ayudas de hasta 35.000 euros si se destinan posteriormente al alquiler asequible, y se promueve la construcción de vivienda pública en pequeños municipios con subvenciones que pueden llegar a 85.000 euros.
Por otro lado, el plan incluye medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y revitalizar las zonas rurales. Se ofrecen ayudas de hasta 15.000 euros para menores de 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios pequeños, ampliables en zonas con riesgo de despoblación. En conjunto, estas iniciativas pretenden equilibrar el territorio, aumentar la disponibilidad de vivienda en áreas rurales y garantizar el acceso a una vivienda digna, reforzando el papel de la intervención pública como elemento clave para corregir los desequilibrios del mercado inmobiliario.
