El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 15 de junio la comparecencia como investigado del diputado de Sumar en Comú Podem en el Congreso Félix Alonso Cantorné, al que se le atribuye un presunto delito de prevaricación vinculado a la adjudicación directa de contratos a distintas empresas durante su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona), entre 2011 y 2019.
Según el auto, el magistrado instructor de la Sala de lo Penal, Vicente Magro, ha ordenado igualmente que ese mismo día declaren doce personas en calidad de testigos, entre ellas un inspector y un sargento de los Mossos d'Esquadra.
La Sala de lo Penal acordó el pasado mes de abril abrir procedimiento contra este diputado después de recibir una exposición razonada de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de El Vendrell (Tarragona), que había incoado diligencias previas por estos hechos.
El foco de la causa se sitúa en la forma en que el Ayuntamiento de Altafulla, bajo la alcaldía de Cantorné -actualmente aforado por su condición de diputado-, habría contratado con determinadas empresas sin ajustarse, presuntamente, a la normativa de contratación pública.
A través de contratos menores
A partir de la documentación remitida, los magistrados de la Sala de lo Penal del TS señalaron que Cantorné, “presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, con lo que eludía los requisitos de publicidad”.
“Y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de acudir al procedimiento correspondiente, en ocasiones, incluso, sin acudir a procedimiento alguno, con lo que, en principio, podemos considerar que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa”, añadieron.
Los jueces puntualizaron que ello no implica acotar la instrucción únicamente a ese posible delito, dado que “esa irregular manera de contratar ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios, que no cabría descartar que pudiera apuntar a algún tipo de irregularidad, si así resultase del ritmo de la investigación”.
En consecuencia, la Sala resolvió que deben practicarse las diligencias de investigación necesarias “con la finalidad de confirmar, en su caso, ampliar la existencia de los indicios que se han venido indicando, como de descartarlos, si ese fuere el resultado de la investigación”.
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