El Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez. El pasado 29 de abril Europa ya le levantó la inmunidad para que continuara la investigación por la denuncia de delitos de injurias contra funcionario público, coacciones, delito de odio y la posibilidad de un delito por incitación al odio que le interpuso la fiscal especializada en violencia de género y delegada de Delitos de Odio Susana Gisbert.
Esta vez, la petición se debe a la querella de dos eurodiputados de su formación por delitos de acoso y revelación de secretos –Pérez tiene cinco causas abiertas en el Tribunal Supremo.
El magistrado instructor, Manuel Marchena, indica en su auto que los hechos investigados se centran en las declaraciones realizadas por el Alvise Pérez en un podcast, en las que habría animado a sus seguidores a perseguir y acosar a sus dos compañeros eurodiputados por haberse dejado sobornar en una votación de la eurocámara sobre el rearme europeo.
"Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado" manifestó el de SALF.
Asimismo, denuncian revelación de secretos por presuntamente haber filtrado sus datos personales de contacto, lo que habría derivado en un constante acoso de mensajes a través de las redes sociales, con reiteradas amenazas, insultos y difamaciones.
La denuncia de la fiscal
El Parlamento Europeo, a petición del Tribunal Supremo, votó a favor de retirar la inmunidad al eurodiputado y líder de la formación ‘Se Acabó la Fiesta’, Alvise Pérez. Esta decisión permite que continúe la investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por la fiscal especializada en violencia de género y delegada de Delitos de Odio, Susana Gisbert.
La querella interpuesta por Gisbert se basa en presuntos delitos de injurias contra funcionario público, coacciones, delito de odio y la posibilidad de un delito por incitación al odio, relacionados con el acoso que sufrió por redes sociales. La causa se centra en varios mensajes que Alvise publicó entre enero y febrero de 2024 en su canal de Telegram, donde difundió la imagen de la fiscal y criticó su labor ante los más de 40.000 seguidores que tenía en ese momento. Como consecuencia, miles de usuarios comenzaron a hostigarla y comenzaron una oleada de acoso hacia la fiscal.
La inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez como eurodiputado le protegía contra ciertas diligencias judiciales, bloqueando que el Tribunal Supremo avanzara en la investigación, hasta obtener el suplicatorio del Parlamento Europeo. Con el levantamiento de la inmunidad aprobado este martes en el pleno de Estrasburgo por mayoría simple, el Supremo queda habilitado para desbloquear el caso, citarle a declarar, practicar diligencias de instrucción pendientes y, en su caso, juzgarle por la presunta campaña de acoso en redes sociales.
Desde ‘ElConstitucional.es’ nos pusimos en contacto con Susana Gisbert para recabar su valoración sobre los últimos acontecimientos. “La noticia, como en cualquier caso en el que una comprueba que la justicia avanza, a sus pasos, pero avanza, me congratula”, explicó. Asimismo, reiteró su confianza en el sistema judicial y manifestó: “Como víctima, comprobar personalmente que la justicia funciona es reconfortante”.
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