El Parlamento Europeo vota este martes la suspensión de la inmunidad de Alvise Pérez, a petición del Tribunal Supremo, para permitir que avance una investigación por presunto acoso en redes sociales a Susana Gisbert, fiscal de delitos de odio y discriminación.
La inmunidad parlamentaria no impide una investigación, pero sí obliga a que la Eurocámara autorice su levantamiento para que el juez pueda seguir adelante. No obstante, si los miembros del Parlamento le levantan la inmunidad, no se le retira ni el escaño ni ningún beneficio de su condición de eurodiputado.
Asimismo, el alto tribunal sospecha que el eurodiputado recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario dedicado a las criptomonedas, dinero que habría sido usado para financiar la campaña por vías no declaradas.
La denuncia de la fiscal
La causa se abrió tras una denuncia presentada por Susana Gisbert, quien acusó a Alvise de cometer delitos de injurias contra funcionario público, coacciones y un presunto delito de odio, a raíz de un llamamiento realizado por el eurodiputado a través de redes sociales instando a sus seguidores a hostigarla.
Las actuaciones de Alvise no se limitaron a opiniones polémicas o comentarios críticos en estas plataformas. Según la fiscal, lo que comenzó como una campaña de descrédito se convirtió rápidamente en una avalancha coordinada de acoso.
“Él instaba a sus seguidores a que me llenaran las redes, a que me persiguieran. Había una frase, que era algo así como que a ver si me violaban unos menas”, relató la fiscal en una entrevista concedida a 'elPlural.com'. Así, este tipo de incitación pública generó una ola de mensajes ofensivos, que no solo afectaron a su entorno profesional, sino también a su vida personal.
