El Gobierno de Pedro Sánchez queda habilitado para continuar con el proyecto de montar las estructuras de acogida previstas en la zona portuaria de Ceuta. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado este jueves la solicitud presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que reclamaba detener la puesta en marcha del dispositivo destinado a atender a los migrantes en el puerto de la ciudad autónoma.
El tribunal señala que en la resolución ministerial "no se hace pronunciamiento alguno sobre las concretas condiciones en que se va a prestar la atención humanitaria ni sobre las condiciones de prestación de servicios por parte de los agentes policiales". De esta manera, la Audiencia Nacional considera que las cuestiones planteadas por el SUP exceden del contenido concreto de la orden de Transportes que autorizó el uso de los terrenos.
Los magistrados apuntan además que los argumentos del sindicato "gravitan sobre la idea de que se pretende que la atención humanitaria a las personas migrantes se preste en condiciones de seguridad verificadas y documentadas". Sin embargo, precisan que "serán las disposiciones adopte el Ministerio del Interior las que determinen esas condiciones de seguridad para los agentes que presten servicio en las instalaciones y para los propios migrantes y demás personal allí destinado".
En este sentido, la Sala recuerda que la propia autorización establece "de manera expresa" que “de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible instará del Ministerio del Interior su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad”.
Por tanto, la decisión conocida este jueves afecta exclusivamente a la petición de medidas cautelarísimas, aquellas que pueden adoptarse con carácter urgente antes de escuchar a la otra parte. El litigio principal continúa abierto y ahora deberá estudiarse la solicitud de suspensión cautelar ordinaria, para lo que el Ministerio de Transportes podrá presentar sus alegaciones.
El Gobierno celebra la decisión
El Gobierno ha celebrado la rapidez de la Audiencia Nacional al rechazar la suspensión urgente solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), lo que permite continuar con la instalación del campamento para migrantes en el puerto de Ceuta. Fuentes del Ejecutivo trasladadas a Europa Press han reiterado: "Los terrenos del puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevara cabo el operativo”.
El freno provisional que dejó el campamento en el aire
La resolución llega un día después de que la Audiencia Nacional ordenara temporalmente al Ejecutivo no ejecutar la autorización para poner en marcha el campamento. El tribunal había reclamado entonces al Ministerio de Transportes el expediente administrativo completo antes de decidir sobre la petición urgente formulada por el SUP.
Aquella decisión dejó en suspenso el traslado de migrantes desde los asentamientos de Ceuta hasta las instalaciones portuarias, cuya puesta en funcionamiento estaba prevista para aliviar la situación en zonas como la playa del Trampolín. El proyecto contempla una capacidad aproximada de un millar de personas y ocupa unos 16.000 metros cuadrados en la ampliación del Muelle de Poniente.
El SUP había recurrido la autorización de Transportes alegando cuestiones relacionadas con la seguridad del recinto. Entre sus argumentos figuraban los riesgos asociados a posibles incendios, las condiciones de evacuación y la proximidad de infraestructuras consideradas estratégicas, además de las condiciones en las que tendrían que desarrollar su trabajo los agentes destinados en el dispositivo.
El Gobierno defendió desde el primer momento la puesta en marcha del campamento como una medida para sacar a los migrantes de los asentamientos y facilitar su identificación y atención. Tras el primer freno judicial, Moncloa reclamó una resolución rápida al considerar que la ciudad autónoma necesitaba una solución inmediata y sostuvo que el emplazamiento elegido contaba con garantías de seguridad.
La decisión de este jueves permite al Ejecutivo continuar con el proyecto mientras la Audiencia Nacional estudia el resto de las medidas solicitadas por el sindicato. El tribunal, por tanto, no ha cerrado todavía el procedimiento ni se ha pronunciado definitivamente sobre el fondo del recurso presentado contra la autorización de Transportes.
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