El juez Juan Carlos Peinado ha trasladado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la apertura de juicio oral y le ha impuesto las medidas cautelares que solicitó la asociación ultra Hazte Oír: retirada de pasaporte, comparecencias periódicas y la prohibición de salir del territorio nacional. El magistrado ha justificado las medidas cautelares porque ve “riesgo” de fuga, alegando que los escoltas encargados de su seguridad, podrían ayudarla. En este sentido, la defensa de Gómez, Antonio Camacho, ha presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la cual ha manifestado, vulneración del derecho a al defensa y a la tutela judicial de la mujer de Sánchez.
En este contexto, Camacho, ha aseverado que conocieron la imposición de dichas medidas y la apertura del juicio a través de la prensa, según el escrito al que ha tenido acceso 'laSexta'. "Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente —en su condición de defensa técnica— ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos", traslada el medio mencionado sobre el escrito del letrado.
Asimismo, Camacho considera de "especial gravedad" y de "grave irregularidad" que el magistrado haya acordado la imposición de medidas cautelares "que pueden implicar restricciones a la libertad, al patrimonio o a otros derechos fundamentales de la investigada" sin haberlo comunicado previamente ni de forma simultánea a la defensa de la investigada. Según sostiene, este modo de proceder "impide a la parte el ejercicio inmediato de los recursos y remedios procesales que el ordenamiento le reconoce, causando un perjuicio irreparable de orden material y procesal".
Por todo ello, Camacho solicita al CGPJ–según la información remitida po 'laSexta'– que "inste a la Inspección de Tribunales a verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación a esta defensa", así como que adopte las medidas que correspondan "si de las actuaciones inspectoras resultase acreditado un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos", y que "comunique al compareciente el resultado de las actuaciones practicadas, en aras de los principios de transparencia y de tutela de los derechos de las partes en el proceso".
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