El juez Juan Carlos Peinado dejó pendiente el lunes tomar la decisión sobre las medidas cautelares contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras la citación a una audiencia a la cual el magistrado advirtió de que si no acudían los investigados, serían "conducidos por la fuerza pública". En este sentido, el magistrado ha comunicado su decisión sobre las medidas cautelares de la mujer del presidente: retirada de pasaporte, comparecencias periódica y prohibición de salir del territorio nacional.
En su resolución, Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y estableció diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. El juez justificó estas medidas al considerar que existe riesgo de fuga y señaló que "no cabe duda" de que los integrantes de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
Dichas medidas fueron las solicitadas por las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír quienes, asimismo, pidieron que la mujer de Sánchez no pueda disponer de las participaciones de su sociedad ni de las marcas vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El magistrado abre una pieza separada por el empresario Barrabés
El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunta prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea por supuestas irregularidades en una serie de contratos sufragados con fondos europeos que tienen relación con el empresario Juan Carlos Barrabés.
Este expediente de adjudicación figura entre los documentos examinados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apuntó posibles dudas sobre su tramitación. La Fiscalía Europea pretendía incorporarlo a la investigación que lidera desde 2024, causa en la que hace unos meses testificó la mujer del presidente del Gobierno.
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