La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este lunes a las 9:00 después de haber llevado a cabo un encuentro por vía telemática este domingo en sesión extraordinaria para examinar la resolución judicial dictada por el juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el encuentro han votado a favor de abrirle un expediente disciplinario a Peinado que ha contado con el voto a favor de la presidenta Isabel Perelló . No obstante, la apertura de dicho expediente no implica que el magistrado sea sancionado, sino que el CGPJ empieza una investigación acerca de las afirmaciones de Peinado sobre la policía. Además, Peinado formalizará su jubilación en tres meses.
La convocatoria y la resolución se producen después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladara al CGPJ la "más enérgica queja" por el contenido de la resolución y reclamara la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones". La iniciativa del titular de Interior llegó tras las referencias realizadas por el magistrado a los agentes encargados de la protección de Gómez.
En su resolución, Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y estableció diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. El juez justificó estas medidas al considerar que existe riesgo de fuga y señaló que "no cabe duda" de que los integrantes de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
Las afirmaciones recogidas en el auto provocaron una rápida reacción del Ministerio del Interior. En su escrito dirigido a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, Marlaska denunció el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y calificó la situación como "un hecho de máxima gravedad". Además, el departamento ministerial considera que las "sospechas injustificadas" expresadas por el magistrado no solo afectan a los escoltas asignados a la esposa del presidente, sino también a sus mandos, al insinuar que podrían llegar a impartir instrucciones contrarias a la legalidad. Una vez concluya la reunión extraordinaria, el CGPJ tiene previsto informar sobre las conclusiones alcanzadas y sobre las posibles medidas que puedan adoptarse respecto a la actuación del juez.
Los policías exigen al juez Peinado una rectificación
El juez Juan Carlos Peinado ha trasladado a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la apertura de juicio oral y le ha impuesto las medidas cautelares que solicitó la asociación ultra Hazte Oír: retirada de pasaporte, comparecencias periódica y prohibición de salir del territorio nacional. El magistrado ha justificado las medidas cautelares porque ve “riesgo” de fuga con la ayuda de los escoltas que protegen la seguridad de Gómez. Estas palabras de Peinado han recibido la crítica de los policías, quienes a través del sindicato mayoritario del cuerpo, Jupol, han exigido una rectificación tildando de "barbaridad" la sugerencia de que los agentes del cuerpo puedan colaborar en una "hipotética fuga".
"Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga", han trasladado a través de su cuenta oficial de X.
Asimismo han defendido que la labor de los escoltas es la de "garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales". Además, han cargado contra el magistrado sentenciando que "poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares".
En consecuencia, los miembros de la Policía Nacional solicitan una "rectificación" porque esa afirmaciones "proyectan una sospecha injusta" sobre los servicios públicos. "La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos", han culminado en su comunicado.
Moncloa acusa al juez Peinado de "persecución política"
Desde la Moncloa también han criticado la decisión del juez Juan Carlos Peinado. En su caso, le han acusdo de haber llevado a cabo una "persecución política" contra Begoña Gómez y han manifestado que la instrucción del caso, "carece de sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos”.
En esta línea se ha pronunciado, asismismo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando se ha hecho eco de la noticia. A través de su cuenta de X ha acusado al magistrado de tener "obsesión enfermiza" contra Gómez y le ha señalado por tener "unas enormes carencias técnicas".
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