La Audiencia Nacional juzgará desde este lunes la presunta operación de espionaje conocida como ‘Kitchen’, que habría sido organizada en 2013 por la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. El objetivo, según la investigación, era hacerse con información sensible relacionada con el ‘caso Gürtel’ que pudiera afectar al partido y a sus dirigentes.
Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, uno de los diez acusados, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público sitúa el origen de la operación en la primera mitad de 2013. "Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia", recoge el documento.
Anticorrupción señala que la trama estaba "dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el marco del ‘caso Gürtel’, que investigaba la propia Audiencia Nacional.
En concreto, el objetivo era acceder a los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa". "Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al mentado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción Número 5", añade la Fiscalía.
En la supuesta ejecución de esta operación habrían participado también los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas y Enrique García Castaño, así como el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, con la colaboración del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
Reportaban la información al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz
Según Anticorrupción, el entonces DAO, con "el acuerdo pleno" de Fernández Díaz y Martínez, contactó con Ríos, quien, por su cercanía a la familia Bárcenas, tenía un amplio conocimiento de sus movimientos y actividades. El acuerdo implicaba que, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, informara "de forma exhaustiva e individualizada" sobre las reuniones del extesorero y su esposa.
Como contraprestación, Ríos habría recibido 2.000 euros mensuales con cargo a fondos reservados, alcanzando presuntamente unos 54.000 euros, además de una licencia de armas y una pistola.
El mecanismo descrito por la Fiscalía señala que Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo trasladaban la información a Eugenio Pino y Francisco Martínez, quienes a su vez "reportaban toda esta información a Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior".
Finalmente, el escrito de acusación recoge que los procesados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Bárcenas con 6.000 euros y a su esposa con 3.000 por el presunto espionaje a su intimidad, cantidad de la que respondería subsidiariamente la Administración General del Estado.
