La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que requiera a la Fiscalía Anticorrupción la información íntegra relativa a la intervención de un disco duro calificado como “crucial”, elemento del que, según la investigación, parte el conjunto de la causa.
El objetivo principal, según ha avanzado la 'Cadena SER', es conocer la resolución judicial que autorizó su uso en la investigación, ya que consideran que, sin esa cobertura, el procedimiento podría ser nulo. En este sentido, sostienen que "si no se hubiera obtenido aquella específica autorización a través de una resolución judicial motivada, las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas".
El dispositivo fue intervenido a un abogado a petición de Francia y Suiza en el marco de pesquisas por blanqueo de capitales. Su contenido, el disco “CRUCIAL”, fue incorporado a la denuncia de Anticorrupción que reactivó el caso Plus Ultra y derivó en detenciones e imputaciones.
La defensa cuestiona el uso posterior de ese material en investigaciones internas españolas: "Según se desprende de las actuaciones a las que podemos acceder, el material digital fue intervenido en cumplimiento de una OEI de Francia y de una Comisión Rogatoria del cantón de Ginebra (Suiza), esto es, con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero. Sin embargo, ese mismo material parece que se ha analizado y utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto (...) hasta desembocar en la imputación que ahora afecta a mi representado".
También advierten sobre esa reutilización: "Esa reutilización del material en finalidades y procedimientos distintos de aquel para el que fue lícitamente obtenido no es indiferente para el ordenamiento".
Además, afirman que no han localizado la autorización judicial necesaria: "Esta parte no ha logrado hallar el Auto o los Autos dictados en su día por la autoridad judicial, seguramente por impericia de este letrado, y que de forma motivada llegaron a autorizar al Ministerio fiscal o a la policía judicial para que analizaran el dispositivo así como la lectura y los análisis de las conversaciones privadas".
Por ello, consideran imprescindible revisar esas decisiones judiciales para determinar si la prueba fue obtenida correctamente y si puede sostener la imputación actual, y reclaman que la Fiscalía aporte las resoluciones que habrían autorizado el análisis de las comunicaciones privadas.
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