La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, negó este miércoles haberse opuesto a una posible rebaja de la petición de pena para el empresario Víctor de Aldama en el juicio por el 'caso mascarillas' que se celebra en el Tribunal Supremo. A su llegada a un acto organizado por la Fiscalía Europea en Madrid, Peramato respondió a las preguntas de los periodistas sobre las informaciones que apuntaban a supuestas discrepancias internas dentro del Ministerio Público por la situación procesal del empresario.
La fiscal general evitó entrar en detalles sobre las conversaciones mantenidas con el fiscal jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, aunque sí quiso desmentir parte de las informaciones publicadas en los últimos días. “No me mostré en contra”, afirmó de forma tajante al ser preguntada por una posible negativa a aplicar una atenuante muy cualificada de confesión a Aldama tras su colaboración con la Justicia. Además, añadió que “algunas cuestiones que se están diciendo no se ajustan a la realidad”.
Las declaraciones de Peramato se produjeron mientras Alejandro Luzón presentaba en el Supremo su informe final en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Aldama por presuntas irregularidades en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción mantiene sus peticiones de 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para el empresario, al que sí reconoce colaboración, aunque no en el grado suficiente como para reducir drásticamente la condena.
Fuentes fiscales ya habían aclarado el pasado lunes que la decisión sobre las penas respondió a un proceso interno ordinario dentro del Ministerio Público y negaron que existieran “órdenes” o “presiones” desde la Fiscalía General del Estado. Las mismas fuentes subrayaron que, aunque hubo debate jurídico sobre la posible aplicación de una atenuante más beneficiosa para Aldama, finalmente Anticorrupción optó por mantener la petición inicial de pena al considerar que la colaboración del empresario no justificaba una rebaja de mayor alcance.
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