La Fiscalía ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular la condena impuesta por el Tribunal Supremo al ex fiscal general Álvaro García Ortiz, al considerar que se vulneraron cinco derechos fundamentales durante el proceso. El Ministerio Público sostiene que la sentencia se basa en una valoración “sesgada e irrazonable” de las pruebas, cuestiona la interpretación del secreto profesional de los periodistas y denuncia que se utilizó una investigación “indiscriminada y desproporcionada”, además de defender que el acusado actuó en cumplimiento de su deber de informar frente a lo que califica como bulos difundidos en el caso que afecta a la pareja de Ayuso.
En su escrito, la Fiscalía pone el foco en la presunta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al considerar que el Supremo no valoró adecuadamente los testimonios de periodistas que aseguraron disponer del correo clave antes que el propio García Ortiz. Además, varios informadores negaron que el ex fiscal general fuera su fuente, lo que, según el recurso, debilita la tesis condenatoria.
El Ministerio Público también critica duramente la interpretación que hace el tribunal sobre el secreto profesional de los periodistas. A su juicio, los magistrados, entre ellos Manuel Marchena, introducen una visión que supone “una grave coacción moral” para los informadores, al cuestionar la credibilidad de quienes se acogen a su derecho a no revelar fuentes.
Otro de los puntos clave del recurso es la debilidad de la prueba indiciaria. La Fiscalía señala que elementos como la llamada de cuatro segundos entre el periodista Miguel Ángel Campos y García Ortiz tienen explicaciones alternativas “mucho más razonables”, como que se tratara de un intento fallido o un salto al buzón de voz, y no una prueba concluyente de filtración.
Asimismo, el recurso rechaza la interpretación de la urgencia con la que se recabaron los correos electrónicos. Según la Fiscalía, esa rapidez respondía a la necesidad de desmentir un bulo que circulaba en el entorno de la Comunidad de Madrid, y no a un intento de difundir información reservada. También cuestiona que el correo estuviera en un “círculo reducido”, afirmando que pudo haber sido accesible a decenas de personas.
El Ministerio Público denuncia que el registro del despacho del fiscal general por parte de la Guardia Civil fue “indiscriminado y desproporcionado”, afectando a información especialmente sensible. Además, critica que la sentencia introdujera de forma “sorpresiva” elementos como la condena por la nota de prensa emitida en marzo de 2024, lo que, a su juicio, vulnera el derecho a un proceso justo y el principio de legalidad, al considerar que no se puede revelar un secreto que ya era de dominio público.
