La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha reclamado al Tribunal Supremo que imponga al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pago de 64.778 euros por las costas procesales del juicio en el que fue condenado por revelación de secretos.
Después de haber solicitado anteriormente su expulsión de la carrera fiscal, ahora reclama al Tribunal Supremo casi 65.000 euros (64.778) por las costas del juicio, correspondientes a los honorarios del abogado penalista Gabriel Rodríguez Ramos, según el cálculo de la acusación particular. En un escrito al que ha tenido acceso 'El Mundo', el letrado pide que la carga que soporte el condenado “respecto de los honorarios del letrado minutante sea proporcional al esfuerzo realizado por el mismo durante el procedimiento” y destaca que se trata de un “esfuerzo que resulta innegable por el procedimiento que nos ocupa, el cual presentaba una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal”.
El abogado de González Amador subraya que la complejidad del caso no solo radica en los hechos investigados, sino también en el contexto institucional, la repercusión mediática y la ausencia de precedentes: “la propia naturaleza de los hechos investigados; el contexto institucional en el que se desarrollan los hechos de principio a fin, la divulgación del objeto material del delito por los medios de comunicación; el uso político y relevancia mediática de los hechos; y, el proceso y la ausencia de precedentes”, apunta también el escrito.
Indulto en marcha mientras se deciden las costas
Como ya os adelantábamos la semana pasada desde 'ElConstitucional.es', el Gobierno ha iniciado la tramitación de la primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el caso del correo filtrado relacionado con Alberto González Amador. El Ministerio de Justicia ha enviado la solicitud al Supremo para que emita el informe preceptivo sobre si procede la medida de gracia, paso obligatorio antes de que el Ejecutivo decida si concede el indulto total o parcial.
Esta petición de indulto fue presentada por dos particulares y, si finalmente se concede, la decisión final recaerá en el Rey a propuesta del ministro de Justicia y tras aprobación del Consejo de Ministros.
