El Tribunal Supremo ha rebajado a 39.000 euros las costas que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá abonar por el proceso judicial relacionado con el empresario Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La decisión llega tras estimar parcialmente la impugnación presentada tanto por la Abogacía del Estado, en su defensa, como por la Fiscalía, que consideraban que la cantidad inicialmente fijada era indebida y excesiva.
La resolución, adoptada por decreto de la Letrada de la Administración de Justicia del Supremo, reduce de forma notable la cifra previa, que ascendía a 79.942,70 euros. El ajuste se produce tras excluir del cálculo determinadas partidas, como las derivadas de hasta 18 recursos de apelación, que el tribunal considera que solo deberían haberse incluido en caso de apreciarse mala fe o temeridad.
Además, el Supremo mantiene abierta otra vía de revisión al acordar continuar la tramitación de la impugnación por excesivas. Para ello, ha remitido las actuaciones al Consejo General de la Abogacía Española, que deberá emitir un informe sobre la adecuación de los honorarios o designar a otro colegio profesional para evaluar conjuntamente la cuantía junto al Colegio de la Abogacía de Madrid.
El origen de esta disputa está en la condena en costas derivada del procedimiento judicial en el que García Ortiz fue responsabilizado de la filtración a la prensa de un correo con la confesión de fraude fiscal de Alberto González Amador. En un primer momento, el Supremo asumió íntegramente los 64.778,78 euros reclamados por el abogado de la pareja de Ayuso, a los que se sumó el IVA, además de 1.560,38 euros correspondientes a la procuradora.
La defensa del ex fiscal general recurrió esa tasación al considerar que la cifra era “manifiestamente desproporcionada” y propuso reducirla hasta 4.240 euros, argumentando que incluía conceptos que no debían computarse, como actuaciones en fases del procedimiento en las que no estaba imputado o diligencias relacionadas con otros actores del caso.
La condena principal impuesta a García Ortiz por la Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, fue de dos años de inhabilitación, junto a una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros para González Amador. Estas cantidades quedaron muy por debajo de los 300.000 euros de compensación solicitados inicialmente, aunque el peso económico final del proceso se ha visto incrementado por el debate en torno a las costas judiciales.
