El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, acusado por la trama de corrupción que se produjo durante la presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ha declarado en el juicio por la Púnica y ha negado que organizara amaños en adjudicaciones municipales y del Gobierno regional a cambio de comisiones. Asimismo, ha rechazado que ordenara que actos del PP fueran pagados por ayuntamientos con cargo a contratos de servicios de la empresa de un amigo suyo.
La trama Púnica consistió en una red de corrupción que amañaba adjudicaciones públicas, sobre todo contratos municipales con la empresa Cofely, a cambio de comisiones y dádivas. En el banquillo se han sentado exalcaldes, exconsejeros, técnicos municipales, directivos de la empresa y el empresario David Marjaliza, considerado una figura clave de la trama.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones han pedido penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión para algunos implicados, aunque las solicitudes concretas varían mucho según el acusado y su grado de colaboración o confesión. Por ejemplo, para varios exalcaldes madrileños han reclamado penas de entre dos y seis años y medio de cárcel, mientras que para Marjaliza la petición inicial se ha rebajado a siete años de prisión tras su confesión
Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y exnúmero dos de Esperanza Aguirre, encabeza la lista de acusados en la rama principal del caso Púnica, junto a otros exalcaldes y antiguos cargos públicos y empresariales implicados en la presunta red de corrupción. Entre ellos figuran José María Fraile, exalcalde de Parla; Antonio Sánchez, exalcalde de Serranillos del Valle; Gonzalo Cubas, exalcalde de Torrejón de Velasco; Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio; Agustín Juárez, exalcalde de Villalba; Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles; José Carlos Boza, exalcalde de Valdemoro; y Mario Utrilla, exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla la Nueva.
Junto a ellos aparecen también David Marjaliza, empresario señalado como el presunto conseguidor de la trama; Didier Roger Maurice, entonces director general de Cofely; y los directivos de esa empresa Constantino Álvarez y Pedro García.
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