El empresario y exmarido de Cospedal Ignacio López del Hierro comparece este miércoles como testigo en el juicio del 'caso Kitchen', la causa que investiga la supuesta operación parapolicial dirigida a robar información y espiar al que fuera tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, para beneficiar los intereses del partido frente a la investigación de la trama Gürtel. López del Hierro llegó a estar imputado durante la instrucción, aunque posteriormente la causa contra él fue archivada.
Según las pesquisas, esta operación se habría desarrollado en el entorno del Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, en el juicio actual no se está analizando una posible derivación de responsabilidades políticas dentro del Partido Popular, pese a que durante la investigación la Fiscalía Anticorrupción trató de imputar a María Dolores de Cospedal y a su entonces esposo.
Durante la fase de instrucción, el nombre de López del Hierro apareció vinculado al excomisario José Manuel Villarejo. Además, el inspector jefe de Asuntos Internos que investigó al policía señaló que este informaba, entre otros, al empresario y a Cospedal. En ese contexto, Villarejo se refería a López del Hierro con el alias “El Polla”.
En una declaración realizada en junio de 2021, cuando estaba imputado, el empresario negó haber contratado a Villarejo. Sí reconoció que, en una conversación grabada, le comentó “por cortesía” que podría encargarle “trabajos puntuales”, aunque insistió en que no llegó a materializar ningún acuerdo.
El instructor del caso, Manuel García Castellón, decidió imputarle al considerar que podía haber tenido algún papel en la captación del exchofer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente policial. Sin embargo, posteriormente acordó el sobreseimiento al estimar que no existían indicios sólidos, una decisión que fue respaldada por la Sala de lo Penal.
Cospedal como testigo pese a su “libretita”
Al igual que su marido, se barajó la investigación de María Dolores de Cospedal, pero finalmente se desestimó. El PSOE desde que empezó el juicio de la Kitchen solicitó que se incluyese a la exministra de Hacienda durante el gobierno de Rajoy como acusada, alegando que se incluyeran los audios que la vinculan a la supuesta operación de espionaje a Bárcenas.
En las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo Cospedal habla de la “libretita” de Bárcenas que supuestamente reflejaría la contabilidad B del partido. En definitiva, a Cospedal solo se le escuchará en la Audiencia Nacional como testigo y su declaración igual que la del expresidente está programada para el 23 de abril.
Los acusados
En el juicio por el llamado 'caso Kitchen' va a interrogar a 10 acusados entre los que se encuentra, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior con Rajoy, es el principal acusado. La Fiscalía le imputa por organización criminal, malversación de fondos reservados, revelación de secretos y prevaricación, pidiendo 15 años de cárcel más 33 de inhabilitación por autorizar el espionaje ilegal desde su ministerio.
Francisco Martínez, su secretario de Estado de Seguridad, enfrenta los mismos cargos más encubrimiento, con igual pena solicitada. Se le acusa de coordinar directamente los 53.266 euros desviados y reuniones con Villarejo para organizar la operación.
José Manuel Villarejo, comisario jubilado y ejecutor material, es el más castigado: 19 años por organización criminal, malversación y revelación de secretos. Él reclutó al chófer Sergio Ríos, allanó el taller de Bárcenas y coordinó seguimientos y pinchazos a las conversaciones del extesorero.
Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO), se le acusa de organización criminal, malversación y revelación de secretos. La Fiscalía pide 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación por autorizar desde la cúpula policial el desvío de fondos reservados y supervisar el operativo de espionaje contra Bárcenas. Fue el puente entre Interior y Villarejo, validando los pagos ilegales al chófer Sergio Ríos.
Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas convertido en el topo, enfrenta malversación y revelación de secretos. Cobró 53.000 euros de fondos públicos (2.000€/mes + extras) por pinchar conversaciones, entregar documentos de la caja B y facilitar el allanamiento del taller de Bárcenas. Piden 8 años y 5 meses de prisión.
Andrés Gómez Gordo, asesor personal de María Dolores de Cospedal en Génova, está imputado por organización criminal y malversación. Gestionó directamente facturas falsas de fondos reservados (comidas, pistola para Ríos) y coordinó con Villarejo. PSOE pide prisión provisional por riesgo de fuga; Fiscalía solicita 15 años.
Marcelino Martín Blas, comisario de Asuntos Internos, se le acusa de malversación por entregar dinero público a Villarejo (parte de los 53.000€). Fue el "repartidor" físico de los fondos reservados justificados falsamente como "seguridad". Piden 2 años y 6 meses de cárcel.
José Luis Olivera, exjefe de la UDEF -policías que investigaban Gürtel-, enfrenta revelación de secretos y posible soborno. Se le imputa por filtrar información sensible de la investigación judicial a la trama ‘Kitchen’ para obstaculizarla. Fiscalía pide 6 años de prisión.
Para completar la lista, se sentarán asimismo, Bonifacio Díez Sevilla, inspector de policía, conocedor de la trama, como al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, a quienes la acusación popular reclama 13 años de prisión.
