El juicio oral del 'caso Kitchen' comienza este lunes en la Audiencia Nacional contra 10 acusados por llevar a cabo un presunto operativo parapolicial en 2013 para espiar a Luis Bárcenas y recuperar documentos de la caja B del Partido Popular, con el fin de proteger a la formación ante las investigaciones del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que señala al PP. El juicio se va a prolongar hasta el 30 de junio.
En este contexto, entre los acusados se encuentra, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior con Rajoy, es el principal acusado. La Fiscalía le imputa por organización criminal, malversación de fondos reservados, revelación de secretos y prevaricación, pidiendo 15 años de cárcel más 33 de inhabilitación por autorizar el espionaje ilegal desde su ministerio.
Francisco Martínez, su secretario de Estado de Seguridad, enfrenta los mismos cargos más encubrimiento, con igual pena solicitada. Se le acusa de coordinar directamente los 53.266 euros desviados y reuniones con Villarejo para organizar la operación.
José Manuel Villarejo, comisario jubilado y ejecutor material, es el más castigado: 19 años por organización criminal, malversación y revelación de secretos. Él reclutó al chófer Sergio Ríos, allanó el taller de Bárcenas y coordinó seguimientos y pinchazos a las conversaciones del extesorero.
Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO), se le acusa de organización criminal, malversación y revelación de secretos. La Fiscalía pide 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación por autorizar desde la cúpula policial el desvío de fondos reservados y supervisar el operativo de espionaje contra Bárcenas. Fue el puente entre Interior y Villarejo, validando los pagos ilegales al chófer Sergio Ríos.
Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas convertido en el topo, enfrenta malversación y revelación de secretos. Cobró 53.000 euros de fondos públicos (2.000€/mes + extras) por pinchar conversaciones, entregar documentos de la caja B y facilitar el allanamiento del taller de Bárcenas. Piden 8 años y 5 meses de prisión.
Andrés Gómez Gordo, asesor personal de María Dolores de Cospedal en Génova, está imputado por organización criminal y malversación. Gestionó directamente facturas falsas de fondos reservados (comidas, pistola para Ríos) y coordinó con Villarejo. PSOE pide prisión provisional por riesgo de fuga; Fiscalía solicita 15 años.
Marcelino Martín Blas, comisario de Asuntos Internos, se le acusa de malversación por entregar dinero público a Villarejo (parte de los 53.000€). Fue el "repartidor" físico de los fondos reservados justificados falsamente como "seguridad". Piden 2 años y 6 meses de cárcel.
José Luis Olivera, exjefe de la UDEF -policías que investigaban Gürtel-, enfrenta revelación de secretos y posible soborno. Se le imputa por filtrar información sensible de la investigación judicial a la trama ‘Kitchen’ para obstaculizarla. Fiscalía pide 6 años de prisión.
Para completar la lista, se sentarán asimismo, Bonifacio Díez Sevilla, inspector de policía, conocedor de la trama, como al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, a quienes la acusación popular reclama 13 años de prisión.
A todos ellos se les acusa de sabotear la justicia durante el caso Gürtel usando dinero público. PSOE y Podemos, como acusación popular, piden penas agravadas y prisión provisional. Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría declararán como testigos el 23 de abril.
