Este lunes 6 de abril comienza el juicio oral del caso ‘Kitchen’ en la Audiencia Nacional, donde se va a juzgar la supuesta operación policial de espionaje, al que fuera el tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, con el fin de proteger a la formación ‘popular’ ante las investigaciones del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que señala al PP. El juicio se va a prolongar hasta el 30 de junio.
Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, entre los años 2013 y 2015, tuvo lugar la llamada ‘Operación Kitchen’, una presunta operación policial, impulsada sin conocimiento judicial, por la Policía Nacional, para espiar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, con el fin de robar los documentos que este pudiese almacenar y que pudiesen perjudicar a la formación política en la Gürtel, para así proteger y salvaguardar los intereses del partido durante la investigación -llevada a cabo por el magistrado Pablo Ruz. En ese momento, el extesorero había amenazado con desvelar información que podía perjudicar a la cúpula de Rajoy. Así, altos mandos policiales comenzaron a grabar las conversaciones y seguir los movimientos Bárcenas.
La operación se fragua gracias a la colaboración del la principal figura de la ‘Kitchen’, el excomisario José Manuel Villarejo, el cual se encarga de contactar con el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, apodado como el “chef”, para vigilar a la familia del extesorero, pinchar las conversaciones, seguir movimientos y entregar documentos y grabaciones que Bárcenas guardaba en un taller que pudieran dañar al PP. Asimismo, facilitó la entrada de Villarejo al taller y fue premiado por estas acciones con el pago de 2.000 euros mensuales provenientes de fondos reservados e ingresó en la Policía Nacional en 2017 -suspendido en 2021 por el caso.
El sumario recoge un total de 53.000 euros de fondos reservados del Ministerio del Interior que se desviaron al pago mensual del 2.000 euros a Ríos -25 mensualidades de julio de 2013 a septiembre del 2015-, gastos adicionales de 2.574 euros en comidas 496 euros en transporte y 195 euros varios y 700 euros para una pistola y material informático. Los recibos, firmados a mano por Ríos, se justificaban falsamente como "gestiones de prevención y seguridad". Villarejo y Gómez Gordo -asesor de María Dolores de Cospedal- los gestionaban directamente desde Interior.
En ese periodo, el Ministerio del Interior (2011-2016) estaba encabezado por Jorge Fernández Díaz, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel por ser la figura que activa la operación, según el juez instructor, Manuel García-Castellón. De la misma forma, se acusa a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad por desplegar la operación y dejarla al mando de Eugenio Pino, exdirector adjunto de la Policía (DAO) y conocido a su vez por ser el artífice de la policía patriótica.
Otros de los acusados que tendrán que asistir al juicio que comienza este lunes y durará tres meses son, según las acusaciones del juez instructor, Marcelino Martín-Blas, comisario de policía que desvió fondos públicos para pagar al chófer; Andrés Gómez Gordo, comisario que admitió ante el magistrado que pagó con fondos públicos; Bonifacio Díez Sevilla, inspector de policía, conocedor de la trama, como el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el comisario José Luis Olivera.
El Ministerio Público destacó la “intervención de otras personas” y Anticorrupción consiguió que se imputara a la secretaria general del PP con Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y a su marido Ignacio López del Hierro, sin embargo, quedaron fuera de la causa por determinación del juez instructor.
Entre los acusados no hay ningún ‘popular’ ni se encuentra la propia formación, razón por la que el PSOE y Podemos se van a personar como acusación popular. Mientras que los morados apoyan la acusación y ya han impulsado comisiones políticas previas, los socialistas, exigen medias cautelares y, según informa ‘El País’, en la fase de cuestiones previas del juicio, solicitarán que, en caso de condena, el PP se haga cargo de los 53.000 euros de los fondos reservados que se desviaron para pagar a Sergio Ríos.
De la misma forma, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, declararán como testigos el 23 de abril.
