Santos Cerdán se ha convertido en una de las piezas centrales de las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE. El exsecretario del partido está siendo investigado en varias causas en las que jueces y Guardia Civil le atribuyen un papel de liderazgo en presuntas redes de amaños de obra pública, cobro de comisiones y operaciones destinadas a interferir en procedimientos judiciales sensibles para el Gobierno.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que precipitó su dimisión fue incorporado al denominado ‘caso Koldo’, una investigación dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. En esa causa ya están procesados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por supuestas irregularidades en contratos de material sanitario durante la pandemia.
Según los investigadores, las conversaciones intervenidas reflejarían intentos de reclamar presuntas comisiones derivadas de adjudicaciones de obra pública, especialmente vinculadas a Acciona. La UCO sostiene que Cerdán y Koldo García habrían articulado una estructura relacionada con la empresa navarra Servinabar, sociedad de la que el exdirigente socialista estaría vinculado como propietario del 45%.
La Guardia Civil apunta además que Servinabar habría recibido un porcentaje de los contratos adjudicados en uniones temporales de empresas y que parte de esos fondos habrían beneficiado presuntamente a Cerdán y su entorno familiar mediante nóminas, alquileres y gastos personales cargados a tarjetas vinculadas a la empresa.
La gravedad de los indicios llevó al instructor a enviar a prisión provisional a Cerdán el pasado año al considerar que existía un riesgo elevado de destrucción u ocultación de pruebas. El magistrado le atribuyó delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, destacando una supuesta posición de “preeminencia” dentro de la trama investigada. Meses después salió en libertad con medidas cautelares.
Paralelamente, la Audiencia Nacional investiga otra supuesta red relacionada con contratos de la SEPI. En esta causa aparecen la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán. Los investigadores sospechan que el grupo habría obtenido comisiones mediante operaciones ligadas a empresas públicas y organismos dependientes del holding estatal.
El juez Santiago Pedraz considera que Cerdán formaría parte del grupo denominado “Hirurok”, aunque con un papel jerárquico superior al resto de integrantes. Entre las operaciones bajo sospecha figura el rescate de Tubos Reunidos por más de 112 millones de euros y una adjudicación de Mercasa a Servinabar relacionada con un informe sobre la sede de la empresa pública.
La situación judicial del exdirigente socialista se ha agravado aún más esta semana tras su imputación en una nueva línea de investigación sobre una supuesta trama destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Pedraz investiga si desde el entorno socialista se impulsaron maniobras para obtener información sensible sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en distintos casos.
El magistrado sostiene que Cerdán habría desempeñado un “papel superior” en esta presunta organización y apunta a una estrecha relación con Leire Díez, a quien supuestamente habría encargado coordinar actuaciones para influir en investigaciones judiciales. La causa incluye acusaciones tan graves como organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.
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