El juez Santiago Pedraz ha decidido llevar a cabo la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y ha imputado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción a la Justicia. Movimiento que se produce después de que el PP reclamase la misma solicitud.
El magistrado ha llamado a declarar en calidad de investigados a ambos el próximo 16 de julio por supuestos delitos de prevaricación y entorpecimiento de la labor judicial. La citación se enmarca en la investigación sobre las presuntas actuaciones impulsadas por la exmilitante socialista Leire Díez para promover indagaciones sobre la Unidad Central Operativa (UCO) por posibles filtraciones relacionadas con procedimientos que afectan al Gobierno, así como por las supuestas presiones ejercidas sobre los agentes encargados de esas pesquisas.
Anticorrupción ha realizado este jueves esta petición después de que el Partido Popular haya pedido al juez que citara como investigada a González, por sus contactos con Leire Díez y por su presunta colaboración con las maniobras dirigidas contra la Unidad Central Operativa (UCO). La solicitud forma parte de un escrito de nuevas diligencias presentado por los populares como acusación particular unificada en el caso SEPI, al que ha tenido acceso ElConstitucional.es.
La petición no se limita a González. El PP también solicita investigar a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Los populares sostienen que existen indicios suficientes para que el juzgado examine su papel en los episodios que, según la acusación, afectan al funcionamiento interno del Instituto Armado y a la actuación de la UCO en causas con derivadas políticas.
El escrito se apoya en varios puntos. El PP destaca que Mercedes González mantuvo al menos tres encuentros con Leire Díez, que la exmilitante socialista habría presumido de tener “control absoluto” sobre la directora general y que una de las conversaciones giró en torno al comandante Rubén Villalba, guardia civil investigado en la trama Koldo.
Los populares también apuntan a Leonardo Marcos y Manuel Llamas por las órdenes atribuidas a mandos de la Guardia Civil para que la UCO se “pusiera de perfil” y no fuera “proactiva” en investigaciones con “afectación política”. En ese bloque sitúan expresamente el caso del hermano del presidente del Gobierno.
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