El L'caso Leire Díez' da un salto relevante en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado dirigir el procedimiento contra la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas al apreciar indicios de criminalidad en la pieza que investiga presuntos amaños, mediaciones e influencias sobre empresas públicas y privadas.
La resolución responde al escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió citar como investigados a directivos públicos, empresarios y responsables vinculados a varias operaciones bajo sospecha. Entre los nombres figuran el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga; la exconsejera castellano-manchega Rosario Arévalo; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el expresidente de Mercasa, José Ramón Sempere; el fundador de Forestalia, Fernando Samper; y varios responsables de Tubos Reunidos.
El procedimiento nace de la investigación sobre el grupo Hirurok, término en euskera que significa “nosotros tres”, formado presuntamente por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que ese núcleo habría actuado de forma coordinada mediante reuniones, llamadas, mensajería segura y sociedades interpuestas para influir en expedientes públicos y obtener beneficios económicos.
El escrito de Anticorrupción sitúa la investigación en cinco grandes operativas. La primera apunta a Mercasa y a contratos con Servinabar ligados al posible traslado de la sede de la empresa pública. La segunda afecta a Enusa y a gestiones relacionadas con activos de residuos que interesaban a Acciona. La tercera se centra en el rescate de Tubos Reunidos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La cuarta apunta al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y a pagos vinculados al grupo Erri Berri. La quinta afecta a Forestalia y a proyectos de energías renovables.
El foco sobre Gualda y Tubos Reunidos
La imputación de Belén Gualda se vincula especialmente al expediente de Tubos Reunidos, una operación de gran volumen dentro del fondo de rescate gestionado por la SEPI durante la pandemia. La Fiscalía destaca documentos y comunicaciones en los que se alude al papel de la presidenta de la sociedad estatal en la tramitación de la ayuda pública.
Según Anticorrupción, Vicente Fernández compartió en el grupo Hirurok un documento sobre el rescate de Tubos Reunidos en el que se recogía la cronología de la solicitud, los informes favorables de unidades de la SEPI, asesores externos y el Ministerio de Industria, además de un supuesto compromiso de Gualda con el entonces máximo responsable de la compañía para que la operación saliera adelante.
El Ministerio Público también apunta a comunicaciones internas en las que se usaban las siglas “BG” para referirse a Belén Gualda y se hablaba de la intención de sacar determinadas operaciones, entre ellas la correspondiente a Tubos Reunidos. La Fiscalía añade que Gualda habría participado en reuniones de carácter político para agilizar la ayuda y que fue quien firmó la elevación de la propuesta al Consejo Gestor del fondo.
La UCO también ha puesto el foco en la supuesta intervención de Hirurok en fases posteriores de la relación con Tubos Reunidos. En el escrito aparece una reunión en Ferraz en noviembre de 2024 vinculada a una solicitud de la empresa ante la SEPI, así como anotaciones intervenidas en la sede socialista sobre la autorización del aplazamiento de una amortización parcial anticipada de deuda. Anticorrupción sostiene que esos indicios apuntan a que Santos Cerdán habría conocido las pretensiones de Tubos Reunidos y el papel de varios investigados.
Pedraz no fija todavía fecha para las declaraciones. Antes requerirá a los nuevos investigados que designen abogado y procurador para que puedan tomar conocimiento de los hechos que se les atribuyen. La causa sigue en fase de instrucción y todos los investigados mantienen intacta su presunción de inocencia.
El impacto político es inmediato. La imputación de la presidenta de la SEPI vuelve a colocar al Gobierno y al PSOE ante una derivada sensible del 'caso Leire Díez', justo cuando Ferraz intenta cerrar filas tras la condena a Ábalos, la caída de Cerdán y las investigaciones sobre el entorno socialista.
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