La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado al PNV en el marco del 'caso Leire Díez', una investigación sobre presuntas maniobras para influir en decisiones judiciales y en la concesión de ayudas públicas. Según un informe al que ha tenido acceso 'EFE', los agentes recogen el interés del entonces presidente del partido, Andoni Ortúzar, en una operación vinculada a Tubos Reunidos.
El documento ha sido remitido al juez Santiago Pedraz, que instruye la causa, en la que se analizan presuntas actuaciones para condicionar la aprobación de ayudas de la SEPI, entre ellas un préstamo de 112,9 millones de euros a la compañía industrial.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok —integrado presuntamente por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— habría realizado "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda pública, por la que habrían cobrado 114.950 euros a través de Mediaciones Martínez.
La UCO considera que esas facturas serían "mendaces", al entender que los pagos responderían en realidad a gestiones para facilitar la concesión del préstamo a Tubos Reunidos.
El informe añade que el grupo investigado habría contactado con "algún miembro del Partido Nacionalista Vasco", lo que podría haber contribuido al desbloqueo de la operación. Además, se recoge que, tras la concesión del préstamo, se pidió informar a "Sabin Etxea", sede del PNV, sobre el resultado de las gestiones.
Entre la documentación figura también una reunión en 2024 entre Cerdán, Leire Díez y directivos de Tubos Reunidos en la sede del PSOE en Ferraz, así como referencias a nuevas gestiones para reestructurar la deuda de la compañía en 2025, según recoge EFE.
El juez Pedraz arranca los interrogatorios del 'caso Leire Díez'
La investigación del 'caso Leire Díez' entra esta semana en una nueva fase. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha programado cerca de una veintena de comparecencias que arrancan este martes y que se prolongarán durante las próximas semanas con testigos e investigados vinculados a la causa.
Las primeras declaraciones correrán a cargo de dos responsables de la Guardia Civil: el general que dirige la Jefatura del cuerpo y el comandante Juan Manuel Barco Mostazo, actual secretario en funciones del Director Adjunto Operativo (DAO). Ambos comparecerán como testigos para aclarar diversos aspectos relacionados con la apertura de una información reservada sobre presuntas filtraciones en el marco del caso Koldo.
La agenda judicial continuará a lo largo de la semana con nuevas comparecencias de mandos de la Guardia Civil. Entre los citados para el viernes figuran varios responsables de primer nivel del instituto armado, entre ellos el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste; el responsable de la Policía Judicial, Alfonso Alberto López Malo, que alertó públicamente de una campaña de descrédito contra la UCO; y el general al frente del Estado Mayor de la Guardia Civil.
La causa trata de esclarecer las actuaciones de la exmilitante socialista Leire Díez, a quien se atribuyen gestiones dirigidas a promover investigaciones sobre miembros de la UCO. Según las pesquisas, esos movimientos habrían incluido contactos con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
Las declaraciones previstas continuarán el jueves con la comparecencia de Jacobo Teijelo, uno de los abogados investigados en el procedimiento. Teijelo ejerce además la defensa de Santos Cerdán en el caso Koldo. Días después, el 14 de julio, está citada la letrada Leticia de la Hoz, defensora de Koldo García y también investigada en esta causa.
Entre las comparecencias más esperadas figura la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, convocada para el próximo 10 de julio dentro de una ronda de interrogatorios con la que el magistrado pretende aclarar el alcance de los contactos y actuaciones que se encuentran bajo investigación.
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