El exasesor ministerial, Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión “urgente” del juicio oral iniciado a principios de abril contra él, el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. La petición se basa en el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que introduce, según la defensa, “hechos nuevos” relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia en Baleares.
En su escrito, la defensa de García argumenta que estos nuevos elementos hacen “imposible la continuación” del juicio en su estado actual. Como alternativa a la suspensión total, plantea que se vuelva a citar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ya declaró en el proceso, aunque por escrito, para que lo haga ahora de forma presencial y con todas las garantías procesales.
La abogada Leticia de la Hoz sostiene que existe una “incompatibilidad estructural” entre el juicio que se celebra en el Supremo y la investigación paralela que continúa en la Audiencia Nacional. A su juicio, ambas causas abordan el mismo núcleo de hechos, lo que podría generar duplicidades y vulneraciones de derechos fundamentales.
El foco de la controversia está en las adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, especialmente en Baleares y Canarias. Según la defensa, tanto el Supremo como la Audiencia Nacional investigan “la misma organización, el mismo acuerdo y el mismo mecanismo de retribución”, en referencia a supuestas comisiones a cambio de contratos públicos a la empresa Soluciones de Gestión.
De esta manera, el informe de la UCO sobre el Gobierno balear, presidido entonces por Armengol, introduce elementos que, según la defensa, contradicen su anterior declaración como testigo. Por ello, se solicita su comparecencia presencial para poder someter su testimonio a contradicción directa por todas las partes del proceso.
La defensa también pide la nulidad de las actuaciones realizadas hasta ahora, al considerar que continuar el juicio sin integrar estos nuevos datos supondría generar “actos procesales viciados”. Argumenta que esta situación podría causar indefensión a su representado y vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías recogido en la Constitución Española.
