El listado de periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior afronta ahora un nuevo escenario: la vía judicial. Una jueza de Madrid ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la conveniencia de abrir una investigación penal después de la denuncia presentada por Iustitia Europa contra los responsables de la elaboración del documento. La decisión consta en una providencia a la que ha tenido acceso 'Europa Press'.
La denuncia fue presentada el pasado 9 de septiembre y se dirige contra "quienes resulten responsables" de la creación del documento, en el que aparecen fichas de profesionales vinculados a medios de comunicación y tertulias. La formación de Luis María Pardo se ha personado además como acusación popular y reclama que se determine quién ordenó confeccionar el listado, quién pudo acceder a él y con qué finalidad fue utilizado.
El caso salió a la luz el 8 de septiembre, después de que 'El Confidencial' publicara el contenido del dosier, elaborado en 2024 por la Oficina de Comunicación de Interior. El documento incluía nombres, fotografías y referencias sobre periodistas y tertulianos, entre ellas valoraciones relativas a sus posiciones políticas e ideológicas. Interior reconoció entonces su existencia y defendió que se trataba de un documento interno y de carácter consultivo, sin intención de censurar ni limitar la actividad de los profesionales.
Tras conocerse el listado, las asociaciones profesionales de periodistas reaccionaron contra su elaboración. La FAPE y la APM expresaron "su más enérgica condena" al considerar especialmente problemática la clasificación ideológica de profesionales de la información. El propio Pedro Sánchez calificó posteriormente el documento de "muy poco afortunado" y aseguró que desconocía su existencia.
La causa judicial se suma a la investigación abierta de oficio por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que analiza la naturaleza, el alcance, la utilización y la base jurídica del tratamiento de los datos incluidos en el documento. La Agencia ha precisado que el inicio de estas actuaciones no supone que haya determinado la existencia de una infracción.
Ahora será la Fiscalía la que deba pronunciarse ante la petición de la jueza y valorar si existen elementos que justifiquen la apertura de una investigación penal. De momento, la actuación judicial no supone una conclusión sobre la legalidad del listado ni sobre la eventual responsabilidad de sus autores, sino un paso previo para decidir si procede investigar los hechos.
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