El polémico juez Juan Carlos Peinado ya ha vuelto de vacaciones y la primera decisión que ha tomado ha sido solicitarle a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, un plazo de cinco días para que justifique que simplemente empleó su pasaporte para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija. De lo contrario, podría enfrentarse a un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
El magistrado defiende que como en el pasaporte no constan sellos de entrada o salida, deberá aportar alguna prueba de que solo viajó a Londres y advierte de que si fuese de otra manera, podría enfrentarse a un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
Begoña Gómez entrega su pasaporte
Begoña Gómez acudió este domingo a los juzgados de Plaza Castilla para devolverle su pasaporte al polémico juez Juan Carlos Peinado, después de su viaje a Londres por la graduación de su hija. No obstante, el magistrado que tuvo que llevar a cabo la resolución sobre la autorización de Gómez para viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía, Antonio Viejo, denegó la solicitud.
La Audiencia de Madrid evalúa las decisiones de Peinado
La Audiencia Provincial de Madrid se reúne este lunes para analizar los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por las defensas contra dos de las decisiones más relevantes adoptadas por el juez Juan Carlos Peinado en la investigación a Begoña Gómez. En concreto, el tribunal revisará el auto que acordó la apertura de juicio oral y la resolución que atribuyó el enjuiciamiento de la causa a un tribunal del jurado.
La deliberación se celebrará a puerta cerrada y será asumida por cinco magistrados de la sección 23 al completo, dada la trascendencia de las cuestiones planteadas. Asimismo, valorarán un recurso interpuesto por la acusación popular contra la resolución del juez de archivar la acusación por intrusismo profesional, y otro relativo a una eventual separación de la acusación popular encabezada por Hazte Oír.
La decisión llega en un momento clave del procedimiento, después de que Peinado enviara a juicio a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación. En la misma causa también figura el empresario Juan Carlos Barrabés, que deberá responder por los dos primeros delitos.
La Fiscalía pide la absolución
La Fiscalía de Madrid ha solicitado la absolución de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés en la causa que analiza diversas actividades profesionales vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno. El Ministerio Público considera que los hechos investigados no constituyen delito y defiende que ninguno de los acusados obtuvo beneficios económicos derivados de las actuaciones examinadas.
En el escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal sostiene que no existen elementos que acrediten que los investigados recibieran "ningún tipo de retribución o beneficio adicional" relacionado con las actividades objeto de la investigación. La Fiscalía pone el foco en la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid, donde participó como codirectora de una cátedra. Según el documento, la esposa de Pedro Sánchez desempeñó esas funciones en una iniciativa académica "por la que percibió 0 euros".
Asimismo, el Ministerio Público señala que las entidades y empresas que colaboraron en el proyecto tampoco obtuvieron contraprestaciones económicas por su participación. En este sentido, añade que no se ha acreditado ninguna conexión entre esas actividades y posibles adjudicaciones o contrataciones en el ámbito público o privado.
El escrito también rechaza que existieran actuaciones dirigidas a favorecer la cátedra mediante presiones a compañías o patrocinadores. "Ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios", afirma la Fiscalía.
Respecto al desarrollo del software informático que forma parte de la investigación, el fiscal concluye que tampoco hay indicios de enriquecimiento económico para los investigados. Del mismo modo, sostiene que no consta que la Universidad Complutense haya sufrido pérdidas o daños patrimoniales como consecuencia de los trabajos realizados. A la vista de estas conclusiones, la Fiscalía entiende que los hechos analizados carecen de relevancia penal y reclama la libre absolución de los tres acusados.
La Fiscalía carga contra el juez Peinado por "confabular"
La Fiscalía ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, según ha adelantado ‘El País’. El Ministerio Público entiende que la medida carece de justificación y defiende que ambas mantienen un fuerte vínculo personal y profesional con España.
En el escrito, los fiscales subrayan que tanto Gómez como Álvarez cuentan con "un indudable arraigo familiar en España" y que su trayectoria laboral se ha desarrollado íntegramente en el país, circunstancias que, a su juicio, alejan cualquier posibilidad real de fuga.
La Fiscalía también dirige críticas al razonamiento empleado por el magistrado y le acusa de "confabular". En concreto, reprocha a Peinado haber llegado a la conclusión de que los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno podrían facilitar una eventual huida, ya fuera por iniciativa propia o siguiendo instrucciones superiores. Para el Ministerio Público, esa hipótesis supone "extendiendo una sombra de sospecha infundada en las instituciones".
Además, el recurso sostiene que el juez está actuando "sin rigor ni mesura" y que "se aparta de la ley" al imponer una medida cautelar que considera "innecesaria". Los fiscales argumentan que ninguna de las dos investigadas mantiene vínculos relevantes con otros países ni dispone de una estructura que facilite una salida permanente de España.
El escrito añade que "carecen de nexos con el extranjero, en general o particular, desconocemos a dónde se supone que huirán, porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad. Y carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España. Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas".
Otro de los aspectos que la Fiscalía cuestiona es la petición judicial de entregar "cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan". El Ministerio Público asegura desconocer qué elementos respaldan esa decisión y apunta que podría estar relacionada con referencias a una presunta nacionalidad dominicana de Gómez.
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