El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este jueves la condena a ocho años y medio de inhabilitación impuesta al expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón por su participación en la rama leonesa de la trama 'Púnica'. El alto tribunal considera probado que la institución provincial utilizó un procedimiento irregular para adjudicar publicidad institucional a las empresas del consultor Alejandro de Pedro, eludiendo los controles previstos en la contratación pública.
La Sala de lo Penal ha rechazado los recursos presentados por Martínez Barazón y por los otros tres condenados por un delito continuado de prevaricación administrativa. También ha desestimado las reclamaciones de la Fiscalía y de la acusación popular, que pretendían ampliar las condenas a delitos como fraude a la Administración, falsedad documental, malversación de fondos públicos y cohecho.
La sentencia deja así firmes las penas dictadas en mayo de 2023 por la Audiencia Nacional (AN). Junto a Martínez Barazón han sido condenados a ocho años y medio de inhabilitación el antiguo coordinador general de la Diputación, Pedro Vicente Sánchez, y el exinterventor Manuel Jesús López Sánchez. En el caso de Alejandro de Pedro, considerado uno de los principales intermediarios de la trama, la pena queda fijada en cuatro años y tres meses de inhabilitación.
Facturas fraccionadas para esquivar los controles
Los hechos se remontan a 2014, cuando la Diputación aprobó una serie de facturas mensuales de importes similares, siempre inferiores a 6.000 euros y tramitadas por la vía de urgencia pese a que no existía ninguna necesidad que justificara ese procedimiento. La cantidad facturada entre mayo y octubre de aquel año alcanzó los 18.150 euros.
Este sistema permitió pagar los servicios sin convocar una licitación abierta, solicitar otras ofertas ni permitir que diferentes medios pudieran optar a la publicidad institucional. Los responsables de la Diputación recurrieron además de manera incorrecta a la doctrina del enriquecimiento injusto para garantizar que las facturas fueran abonadas de inmediato.
El Supremo sostiene que hubo una adjudicación unilateral contraria a la Ley de Contratos del Sector Público y considera suficientemente acreditado que los acusados conocían el procedimiento empleado. La resolución señala que la institución realizó unos pagos que nunca debieron aprobarse de aquella manera y descarta que se tratara únicamente de defectos administrativos sin trascendencia penal.
El tribunal mantiene, sin embargo, las absoluciones por los delitos que podrían haber conllevado penas de prisión. Durante el juicio quedó acreditado que los servicios de publicidad se prestaron, mientras que las acusaciones no pudieron demostrar que las facturas sirvieran para encubrir trabajos de reputación personal o asesoramiento político para los dirigentes provinciales.
Martínez Barazón había sustituido al frente de la Diputación a Isabel Carrasco después de su asesinato en mayo de 2014. Fue detenido meses después, pasó por prisión provisional y terminó expulsado del PP, aunque posteriormente consiguió revalidar como independiente la Alcaldía de Cuadros en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. Acabó dejando el cargo a finales de 2023 tras determinar la autoridad electoral que su condena lo convertía en inelegible.
Pedro Vicente Sánchez también permaneció durante meses al frente del Ayuntamiento de Puebla de Lillo pese a la condena de la Audiencia Nacional. Abandonó finalmente la Alcaldía en abril de 2024 después de que la Junta Electoral Central exigiera ejecutar la pérdida de su condición de concejal.
La macrocausa continúa con Granados en el centro
El fallo del Supremo pone fin a la pieza leonesa de una macrocausa abierta en 2014 alrededor de una red de contratos públicos irregulares que afectó principalmente a administraciones gobernadas por el PP. La investigación fue dividida en numerosas ramas por la variedad de organismos, empresas y dirigentes políticos implicados.
El recorrido judicial de la 'Púnica' continúa ahora en otros procedimientos. La Audiencia Nacional ha enviado a juicio al exconsejero madrileño y antiguo secretario general del PP de Madrid Francisco Granados junto a otras 40 personas por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de suelo público y determinadas obras del Metro de Madrid. En esa pieza también figuran como responsables civiles o partícipes a título lucrativo decenas de empresas.
