Este martes comienza el juicio por el ‘caso Koldo’ donde el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se van a sentar en la bancada de los acusados del Tribunal Supremo. En él se va a juzgar la presunta irregularidad en la que están implicados en cuanto a los contratos de mascarillas que fueron adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia del covid-19. Hoy declaran el hijo del exministro, el hermano de García y Jessica Rodríguez expareja de Ábalos.
Los presuntos delitos que investiga el Supremo son delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y malversación.
El juicio se va a prolongar cuatro semanas hasta el 30 de abril y en él van a intervenir más de 75 testigos, entre los que destacan, Víctor Ábalos -el hijo del exministro de Transportes-, Joseba García -el hermano de Koldo García-, Claudia Montes y Jessica Rodríguez -amiga y expareja de Ábalos.
Otras de las personalidades que comparecerán como testigos serán el exsecretario de Estado Rafael Pérez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
Tanto el ministro como Armengol están citados porque en ese momento presidían los Gobiernos de Canarias y Baleares y ambos han solicitado declarar por escrito el 22 de abril.
Los acusados
El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 28 de abril la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama que se enfrentarán la trama del 'caso Koldo' o ‘caso mascarillas’, la cual fue destapada en febrero de 2024 por la UCO y revelaron que entes dependientes del Ministerio de Transportes -Puertos del Estado y Adif- adjudicaron contratos por 54 millones de euros para 13 millones de mascarillas defectuosas durante la peor fase de la pandemia, con comisiones ilegales de 3,7 millones de euros para Aldama, canalizadas a Ábalos y Koldo vía pagos en negro, regalos y favores políticos.
La Fiscalía Anticorrupción señala que los tres “acordaron la futura comisión de delitos, conforme a que las oportunidades de cometerlos se fueron presentando”. Asimismo, manifiesta que fueron ayudados “por otras autoridades y funcionarios” como también por familiares de Koldo y otros empresarios del entorno de Aldama. Por último, expone que la presunta organización criminal de la que se les acusa, fue creada “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”.
