El Tribunal Supremo ha enviado al juzgado de Algeciras la denuncia por presuntos delitos contra la libertad sexual presentada contra el exalcalde José Ignacio Landaluce, después de concluir que ya no es competente para instruirla al haber perdido su condición de senador con la disolución de las cámaras.
La Sala Penal acordó remitir el escrito al Servicio Común de Registro y Reparto de Algeciras, antiguo decanato, para que se distribuya al juzgado que resulte competente. El tribunal da así un paso procesal que aparta el caso del Supremo, pero no resuelve aún el fondo de las acusaciones.
La denuncia pierde el fuero y baja al partido judicial de origen
La denuncia llegó al Supremo en septiembre y la presentó una militante del PP, que acusó a Landaluce de un presunto delito contra la libertad sexual y, de forma complementaria o subsidiaria, de un delito contra la Administración Pública.
Según ha informado el Tribunal Supremo, la acusación se apoya en el artículo 443 del Código Penal, que castiga la solicitud sexual por parte de una autoridad o funcionario público, y en el 445, relativo a actos dirigidos a preparar delitos como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación.
En esa denuncia, difundida en los días siguientes por Europa Sur, la denunciante atribuía al entonces alcalde dos presuntas agresiones sexuales: una en diciembre de 2020, en el centro médico del que es propietario, y otra en abril de 2021, en dependencias del Ayuntamiento. Esa versión forma parte del relato acusatorio, pero no supone por sí misma una valoración judicial de los hechos.
Otra causa ya se investiga en el juzgado de Violencia sobre la Mujer
El movimiento del Supremo coincide con la tramitación de otra denuncia presentada el pasado 12 de octubre por una segunda militante del PP de Algeciras, en este caso una joven de Nuevas Generaciones que trabaja como cargo de confianza municipal. En ese escrito, la denunciante atribuye a Landaluce otra supuesta agresión sexual ocurrida en su despacho.
Esa causa se instruye en el juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer, que la pasada semana inició las pesquisas, tomó declaración a la denunciante y a dos concejales populares en calidad de testigos, y también al propio Landaluce, que ha reiterado que es inocente.
La acumulación de denuncias llevó al PP de Cádiz a pedir la dimisión de Landaluce, militante del partido desde hace 34 años. Su negativa provocó que doce de los quince concejales populares que lo apoyaban, siguiendo las directrices del partido, abandonaran el gobierno e impulsaran una moción de censura con el apoyo de los cuatro ediles de Vox.
La moción está fijada para el miércoles 28 de noviembre, aunque Landaluce se adelantó y registró este pasado domingo su petición de dimisión. Mientras tanto, el reparto del caso en Algeciras y la instrucción abierta en Violencia sobre la Mujer quedan ahora como los dos frentes judiciales aún pendientes.
