Tal y como desvela este lunes en exclusiva 'ElConstitucional.es', la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha metido a la administración autonómica que preside en un grave frente judicial tras el despido de veinticuatro técnicos laborales indefinidos no fijos. Según ha podido confirmar este periódico a través de los propios afectados -que cuentan con el respaldo de varios equipos jurídicos-, la medida vulnera la normativa europea en materia de abuso de temporalidad en el empleo público.
Concretamente, los trabajadores, con cerca de tres décadas de servicio a sus espaldas y que actualmente dependían de la Consejería de Empleo, Economía y Hacienda de la CAM, han presentado demandas en distintos juzgados de Madrid contra la Comunidad. La mayoría de los despedidos son -para mayor escándalo- mujeres mayores de 50 años, un colectivo especialmente vulnerable que denuncia haber sido cesado sin que se les ofreciera una alternativa de estabilidad o continuidad laboral.
Tal y como contamos en la exclusiva publicada por este periódico, uno de los trabajadores afectados asegura que trasladaron su situación al gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la resolución del proceso selectivo. La respuesta, afirman, fue que "debían presentarse a las oposiciones", una vía que, precisamente, Europa considera ineficaz como medida de protección frente al abuso de la temporalidad en la Administración. No solo eso. Denuncian los mismos trabajadores que “ha habido silencio y ocultación, pese a que hemos seguido trabajando con absoluta profesionalidad durante años”.
En otras palabras, la comunidad presidida por Ayuso optó por el despido como solución, en lugar de aplicar mecanismos de estabilización laboral que sí se han implementado en otras administraciones públicas de España.
Por si fuera poco, los veinticuatro técnicos despedidos eran responsables de una función clave para la Comunidad de Madrid: la liquidación de impuestos autonómicos derivados de operaciones como compraventas, herencias, donaciones o hipotecas. También prestaban atención directa al contribuyente desde las oficinas ubicadas en la capital.
Como era de esperar y según los testimonios de los afectados recabados por este periódico, el impacto del despido ha sido inmediato: de unas 200 citas diarias se ha pasado a una actividad mínima, con parte del servicio derivado a oficinas liquidadoras municipales gestionadas por registradores de la propiedad en régimen autónomo.
La conclusión es tan evidente como clara: la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, despide a un colectivo vulnerable -por su edad- contraviniendo el criterio de Europa, mete al Gobierno autonómico en un problema judicial y la 'fiesta', esto es, las indemnizaciones de los trabajadores, eventuales sanciones y los costes judiciales, lo tienen que pagar los contribuyentes madrileños. Y eso no es todo. El esencial servicio, muy lejos de mejorar tras los despidos, se ha reducido al mínimo ante la falta de personal ocasionada.
