Isabel Díaz Ayuso ha llevado a la Comunidad de Madrid, que preside, a un grave problema judicial tras el despido de 24 técnicos laborales indefinidos no fijos de la administración autonómica, una decisión que, según ha podido confirmar en exclusiva 'ElConstitucional.es' a través de los propios afectados -asesorados por varios abogados-, contraviene la normativa europea sobre abuso de temporalidad en el empleo público.
Los trabajadores, con una antigüedad cercana a los 30 años en el servicio y dependientes -actualmente- de la Consejería de Empleo, Economía y Hacienda, ya han interpuesto demandas en distintos juzgados de Madrid contra la Comunidad. La mayoría de ellos son mujeres mayores de 50 años, un colectivo, por tanto, especialmente vulnerable que denuncia haber sido cesado sin alternativas.
Un despido en contra del criterio europeo
El conflicto se produce en un contexto marcado por las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la temporalidad en el sector público. En el asunto C-418/24 (Obadal), el Abogado General señaló que la figura del “indefinido no fijo” -situación en la que se encontraban estos 24 trabajadores- no constituye una situación laboral eficaz frente al abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas.
Además, el dictamen insiste en que ni las indemnizaciones económicas ni la participación en procesos selectivos (oposiciones) cumplen con la Directiva 1999/70/CE, al no garantizar ni reparación ni disuasión del abuso por parte de las administraciones. Es por ello que, Europa, muy clara, apunta a la necesidad de medidas reales como la estabilidad laboral de los trabajadores de las administraciones.
Pese a ello, y según relatan los afectados, la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso optó por el despido como solución, en lugar de aplicar mecanismos de estabilización que sí se han implementado en otras administraciones públicas del país.
El gabinete de Ayuso “nos dijo que nos presentáramos a las oposiciones”
Uno de los trabajadores afectados con los que ha hablado 'ElConstitucional.es' asegura que trasladaron su situación al gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid antes de la resolución del proceso selectivo. La respuesta, afirman, fue que debían presentarse a oposiciones, una vía que Europa considera insuficiente como medida de protección frente al abuso de la temporalidad en la Administración.
“Una oposición no repara el daño ni evita que la administración siga actuando en fraude”, sostienen a este periódico fuentes del colectivo de trabajadores afectados, que denuncian además falta de comunicación por parte de sus superiores durante todo el proceso: “Ha habido silencio y ocultación, pese a que hemos seguido trabajando con absoluta profesionalidad durante años”.
Un servicio vital de la Comunidad de Madrid ahora prácticamente desmantelado
Los veinticuatro técnicos despedidos eran responsables de una función clave: la liquidación de impuestos autonómicos derivados de operaciones como compraventas, herencias, donaciones o hipotecas. También prestaban atención directa al contribuyente desde las oficinas ubicadas en Madrid.
Según los testimonios de los afectados recabados por este periódico, el impacto del despido ha sido inmediato: de unas 200 citas diarias se ha pasado a una actividad mínima, con parte del servicio derivado a oficinas liquidadoras municipales gestionadas por registradores de la propiedad en régimen autónomo.
Además, denuncian que algunas plazas han sido cubiertas por personal procedente de bolsas de empleo sin experiencia específica -y sin pasar por las oposiciones a las que les obliga Ayuso a los veinticuatro trabajadores despedidos-, mientras que otras ni siquiera se han ocupado, agravando la situación.
Indemnizaciones que pagarán los contribuyentes
Uno de los aspectos más polémicos de este asunto es el coste económico. Las indemnizaciones derivadas de los despidos -así como los posibles gastos judiciales y eventuales sanciones europeas- serán asumidas con fondos públicos.
“El dinero sale de los contribuyentes”, subrayan a ‘ElConstitucional.es’ los afectados. “Como no es suyo [de Ayuso y su Gobierno], lo gastan igual; ellos siguen cobrando lo mismo”, critican a este periódico.
Este escenario podría agravarse, aún más, si los tribunales dan la razón a los trabajadores, en un contexto en el que España ya ha sido objeto de sanciones por incumplir la normativa europea en materia de temporalidad.
Un problema estructural pendiente de resolución
El caso se enmarca en un conflicto más amplio que afecta al conjunto del sector público español. La Directiva 1999/70/CE obliga a los Estados a prevenir y sancionar el abuso en la contratación temporal, pero, según el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las medidas adoptadas en España —incluidos los procesos de estabilización de la Ley 20/2021— no han sido suficientes.
A la espera de una sentencia definitiva del TJUE prevista en los próximos meses, el futuro de estos 24 trabajadores y el modelo de gestión de la temporalidad en España siguen en el aire.
En la Comunidad de Madrid, el conflicto ya ha llegado a los tribunales y amenaza con abrir, por consiguiente, un nuevo frente judicial y político para el Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso.
