La jueza que instruye la causa por el accidente ferroviario en Adamuz ha requerido a Adif que se abstenga de realizar cualquier intervención en el tramo afectado sin autorización judicial expresa. La decisión se produce tras la controversia generada por actuaciones previas en la zona y en un contexto de especial sensibilidad sobre la conservación de los elementos que podrían resultar determinantes para el esclarecimiento de los hechos.
En su resolución, la magistrada insiste en la necesidad de preservar el estado de las vías y de todos los componentes relacionados con el siniestro mientras continúan las diligencias. El auto establece que cualquier trabajo técnico, ya sea de reparación, retirada de material o revisión de infraestructuras, deberá contar previamente con el visto bueno del juzgado, con el fin de evitar posibles alteraciones de pruebas.
La medida supone un endurecimiento del control judicial sobre el escenario del accidente y busca blindar la cadena de custodia, una cuestión que ha adquirido especial relevancia en las últimas jornadas. Fuentes jurídicas subrayan que este tipo de decisiones son habituales cuando existe riesgo de que intervenciones técnicas puedan interferir en los informes periciales pendientes o en futuras reconstrucciones de los hechos.
Por su parte, el gestor ferroviario ha reiterado su disposición a colaborar con la investigación y a cumplir estrictamente las indicaciones del juzgado. Mientras tanto, la causa continúa su curso con la práctica de nuevas diligencias encaminadas a determinar las circunstancias exactas del accidente y las posibles responsabilidades derivadas del mismo.
