La ultraderecha Vox ha vuelto a anunciar su intención de bloquear el reparto de menores migrantes llegados a Ceuta. El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que la comunidad se opondrá a cualquier traslado planteado por el Gobierno central y ha utilizado el acuerdo alcanzado con el PP para justificar su postura.
"Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté VOX, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos", ha escrito Gavira en su cuenta de X.
Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté VOX, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos.
— Manuel Gavira 🇪🇸 (@GaviraVox) August 5, 2026
Lo ocurrido en Ceuta es una invasión, y quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos. Y,…
El dirigente ultra ha calificado de nuevo como una "invasión" la entrada masiva registrada la semana pasada en Ceuta y ha reclamado que quienes cruzaron la frontera sean devueltos a Marruecos. "Y, si son menores, con sus padres", ha añadido.
Su mensaje llega apenas unas horas después de que la dirección nacional del PP rectificara su acercamiento al discurso de Santiago Abascal y defendiera públicamente que las comunidades autónomas deben cumplir la ley.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, ha marcado distancias con Vox en una entrevista en 'Onda Cero'. "Nosotros no nos expresamos en esos términos y no lo vamos a hacer nunca", ha afirmado después de que Abascal pidiera que no se destinara "ni un euro" a quienes llamó "menas", "ilegales" e "invasores".
"Creemos que hay que seguir los pasos, creemos que hay que cumplir la ley, y la ley prevé mecanismos para resolver esta crisis", ha defendido Ezcurra. La dirigente popular ha citado la reagrupación familiar y el posible retorno a los servicios de protección del país de origen, siempre dentro de los procedimientos establecidos.
Vox se escuda en el pacto con el PP
Gavira ha recordado que el rechazo a la acogida forma parte del acuerdo firmado por PP y Vox para constituir el actual Gobierno andaluz. El punto 12 del documento recoge un "rechazo frontal a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, a Andalucía".
El pacto también establece que la Junta se opondrá mediante "todos los medios legales, jurídicos y políticos" a cualquier mecanismo de distribución territorial. Esta última precisión resulta relevante porque el propio acuerdo limita la actuación del Ejecutivo andaluz a las vías contempladas por el ordenamiento jurídico.
Vox incorporó además al pacto su conocida campaña de "No más MENA", la elaboración de un plan para promover retornos y repatriaciones y la retirada de ayudas a organizaciones a las que acusa de favorecer la inmigración irregular. El partido utiliza de forma habitual el acrónimo "mena" para reducir a una etiqueta a niños y adolescentes que se encuentran bajo la protección de las administraciones públicas.
La posición anunciada por Gavira abre ahora una contradicción dentro del Gobierno andaluz. La dirección nacional del PP sostiene que las comunidades deben cumplir la norma, mientras su socio de coalición asegura que Andalucía rechazará cualquier reparto y presenta esa negativa como uno de los compromisos fundamentales del Ejecutivo.
Un reparto establecido por ley
La distribución territorial de estos menores está regulada en la Ley de Extranjería desde la reforma aprobada en marzo de 2025. La norma permite declarar una contingencia migratoria extraordinaria cuando un territorio supera tres veces la capacidad ordinaria de su sistema de protección.
Una vez activado ese mecanismo, el Estado determina la comunidad de destino de cada menor mediante criterios objetivos. La resolución debe dictarse en un plazo máximo de 15 días desde su inscripción en el registro y las autonomías están obligadas a asumir la tutela y la atención correspondiente.
Las comunidades pueden presentar alegaciones, recurrir las decisiones y solicitar medidas cautelares ante los tribunales. Una discrepancia política o un pacto autonómico entre dos partidos carecen de capacidad para dejar sin efecto una obligación recogida en una ley estatal.
La petición de Gavira para devolver de manera generalizada a los menores también choca con el procedimiento previsto. Cualquier repatriación exige conocer previamente las circunstancias familiares, escuchar al niño cuando tenga suficiente madurez y recabar informes de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal.
El retorno solo puede acordarse cuando responda al interés superior del menor y existan garantías para entregarlo a su familia o a unos servicios de protección adecuados. Mientras se realizan esas comprobaciones, la ley obliga a proporcionarle atención y ponerlo a disposición de la administración competente.
Vox ha optado por presentar a todos los menores bajo el mismo discurso de "invasión" y anunciar una oposición general a su acogida. El pacto con el PP le permite recurrir el reparto por las vías legales, pero no autoriza a la Junta de Andalucía a desobedecer una resolución obligatoria si finalmente llega a dictarse.
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