La denuncia del sindicato CGT de Cataluña sobre la presunta infiltración de agentes de los Mossos d'Esquadra en asambleas de docentes en Barcelona ha intensificado el conflicto entre el sector educativo y el Govern. Mientras los sindicatos mantienen convocadas jornadas de huelga hasta final de curso, partidos como ERC y la CUP reclaman responsabilidades políticas y explicaciones inmediatas.
Según la CGT, dos agentes de paisano asistieron a una asamblea de profesores celebrada en el Institut Pau Claris de Barcelona, en el marco de las movilizaciones convocadas por los sindicatos educativos hasta final de curso. El sindicato sostiene que varios asistentes reconocieron a las supuestas agentes por haber participado previamente en manifestaciones uniformadas de los Mossos. Tras ser preguntadas por su identidad, habrían ofrecido explicaciones contradictorias antes de abandonar la reunión.
El caso ha elevado todavía más la tensión entre el sector educativo y la Generalitat. Los sindicatos mayoritarios —Ustec, CGT de Catalunya, Aspepc y La Intersindical— mantienen convocadas hasta 17 jornadas de huelga para reclamar mejoras salariales y laborales. Las organizaciones acusan al Departament d’Educació de negarse a reabrir negociaciones tras el acuerdo alcanzado con UGT y CCOO.
La reacción política no se ha hecho esperar. ERC y CUP han exigido la destitución inmediata del director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero. El diputado republicano Jordi Albert calificó los hechos de “inadmisibles” y aseguró que “la respuesta a las movilizaciones es más policía, en lugar de más diálogo”. Además, advirtió al Ejecutivo de Illa de que “si este cese no se produce, la responsabilidad ya no será solo del director de la policía”.
ERC también ha reclamado comparecencias urgentes de la consellera de Interior, Núria Parlon, y de la consellera de Educació, Esther Niubó. Desde la oposición consideran especialmente grave que agentes policiales pudieran participar en reuniones vinculadas a la preparación de huelgas y acciones sindicales. “Es intolerable que quieran coartar la acción sindical”, denunció Jordi Albert en el Parlament.
La controversia coincide además con otro foco de conflicto impulsado por Interior: el plan piloto que contempla la presencia de mossos de paisano en institutos para participar en tareas de mediación de conflictos. La propuesta ha provocado un fuerte rechazo entre docentes y sindicatos, que consideran que introduce dinámicas policiales en espacios educativos y agrava la desconfianza hacia el Govern.
Pese a la presión política y mediática, el president Salvador Illa evitó confirmar si realmente existió la infiltración policial y cerró filas con el cuerpo autonómico. “Tengo confianza y mucho respeto por la profesionalidad de los Mossos”, afirmó en una entrevista en la 'Cadena SER'. Illa aseguró además que no tenía constancia previa de los hechos y limitó cualquier explicación al ámbito de la Conselleria de Interior.
Por su parte, tanto la Direcció General de la Policia como el Departament d’Interior han defendido la actuación de los Mossos alegando que sus funciones se desarrollan “siempre atendiendo a la legislación vigente” y garantizando el derecho de reunión y manifestación. Sin embargo, la falta de explicaciones concretas ha intensificado las críticas de sindicatos y partidos, que acusan al Govern de priorizar el control policial frente al diálogo con la comunidad educativa en plena escalada del conflicto laboral.
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