La Fiscalía General del Estado ha cifrado este viernes en más de 30 los procedimientos abiertos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta desde la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. En cuatro de cada diez casos, las víctimas son menores que llegaron solas a la ciudad autónoma.
El dato ha sido comunicado después de la reunión mantenida en la sede del Ministerio Público por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Ambas han puesto el foco en la situación de las niñas, a las que consideran el grupo más expuesto dentro de una población que lleva semanas soportando el desbordamiento de los recursos de acogida.
La información difundida por la Fiscalía habla de procedimientos y no precisa cuántas víctimas distintas están incluidas en ellos, qué hechos concretos se investigan o en qué fase se encuentra cada causa. La apertura de estas actuaciones tampoco implica que exista una condena, pero confirma la magnitud de la violencia sexual sufrida por las migrantes durante las seis semanas transcurridas desde la crisis fronteriza.
La cifra ha crecido con rapidez. Durante su visita a Ceuta del pasado 27 de agosto, Peramato informó de 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Cuatro días después, el balance trasladado en el Congreso alcanzaba ya las 23. La nueva comunicación utiliza una unidad distinta y, por ello, los datos no pueden compararse de forma automática, aunque sí reflejan que continúan apareciendo casos y abriéndose investigaciones.
Ese balance llega mientras la ultraderecha Vox y otros grupos ultras reducen la crisis de Ceuta a un relato de miedo y criminalización colectiva. El líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, ha vuelto a hablar este mismo viernes de "invasión" y ha presentado la protección de los menores como un supuesto "secuestro institucionalizado". Los más de 30 procedimientos muestran una realidad que ese discurso deja fuera. Entre quienes llegaron hay mujeres y niñas que figuran en las investigaciones como víctimas de violencia sexual, muchas de ellas sin familiares que puedan protegerlas.
Convertir a toda la población migrante en una amenaza y apartar de la conversación a las víctimas migrantes alimenta la deshumanización sobre la que crecen los discursos de odio. Cuatro de cada diez casos comunicados por la Fiscalía afectan precisamente a menores no acompañadas, uno de los grupos más vulnerables de toda la crisis.
500 plazas para acelerar los traslados
Peramato y Rego han coincidido en la necesidad de sacar cuanto antes de Ceuta a parte de los niños y niñas que permanecen en la ciudad. La ministra ha informado de que el Gobierno dispone de 500 plazas en la Península para realizar los traslados "en el menor tiempo posible" y aliviar la presión sobre el sistema de protección ceutí.
La medida deberá ejecutarse atendiendo a las circunstancias particulares de cada menor. La Fiscalía ha recordado que cualquier decisión debe respetar el ordenamiento español e internacional y colocar por delante el interés superior de la infancia, tanto en los traslados a otras comunidades como en una eventual reagrupación familiar.
La fiscal general también ha explicado a Rego el contenido del decreto aprobado el 7 de agosto para reforzar la protección de los menores migrantes no acompañados. El documento establece pautas comunes para los fiscales y les ordena intervenir cuando la administración de destino rechace o ponga trabas a la recepción inmediata de los menores que le hayan sido asignados.
Esa instrucción obliga a los fiscales delegados de menores a actuar desde que tengan conocimiento de una resolución de traslado incumplida o cuestionada por la comunidad autónoma responsable de recibirlos.
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