El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevado este jueves la presión sobre Fernando Grande-Marlaska y ha reclamado el retorno urgente a Marruecos de todas las personas que continúan en la ciudad tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. El ministro del Interior le ha transmitido que el Gobierno pretende acelerar las salidas, aunque ha evitado ofrecerle un calendario concreto.
"Ceuta no puede esperar mucho. Este estrés no lo puede aguantar durante muchísimo tiempo", ha advertido Vivas después de reunirse con Marlaska. El dirigente popular considera que la ciudad permanece en una situación de "máximo riesgo" para la seguridad ciudadana, la convivencia, los servicios públicos y la seguridad nacional.
Vivas ha situado el retorno como "la única salida" para recuperar la normalidad y ha resumido su posición con una declaración especialmente rotunda. "Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la Península", ha afirmado antes de pedir que las devoluciones se ejecuten en un plazo "perentorio" y "muy corto".
El presidente ceutí sostiene que la permanencia prolongada de miles de personas aumenta el riesgo de incidentes graves. "Cada día que pasa es peor porque aumenta el riesgo de que ocurra algo que nadie quiere que ocurra, que sea irreversible y que todos tengamos que lamentar profundamente", ha avisado.
La reunión ha dejado también una importante discrepancia sobre el número de personas que permanecen en Ceuta. Interior calcula que quedan alrededor de 5.000, mientras el Gobierno ceutí eleva la cifra hasta al menos 9.000. Vivas reconoce que carece de un censo exacto y obtiene su estimación a partir del uso de los recursos asistenciales.
Según sus cálculos, diariamente se reparten unas 4.500 comidas en el Tarajal y las asociaciones sociales atienden a otras 3.000 personas. Los centros de protección han incorporado además a 500 menores desde el comienzo de la crisis. A esas cifras añade alrededor de un millar de personas que podrían permanecer fuera de los recursos oficiales. Se trata de una estimación indirecta que puede incluir solapamientos, mientras Interior tampoco ha detallado públicamente la metodología completa de su cálculo.
La petición sobre el asilo choca con la legislación vigente
Vivas ha planteado que Ceuta reciba un tratamiento singular por su condición de frontera terrestre europea en África y que las solicitudes de asilo puedan desestimarse desde el inicio del procedimiento. También propone que la ciudad deje de funcionar como lugar de tramitación de protección internacional. Marlaska le ha escuchado, aunque no ha respondido expresamente a esta petición.
La propuesta exigiría una reforma profunda del marco vigente. El artículo 16 de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo reconoce a las personas extracomunitarias presentes en España el derecho a solicitar protección internacional. Cada petición debe valorarse individualmente, mediante una entrevista personal y una resolución motivada que examine las circunstancias del solicitante.
La propia ley permite inadmitir o denegar expedientes en frontera mediante procedimientos acelerados, pero exige que concurra alguna de las causas previstas y que exista una decisión individual. Un rechazo general basado únicamente en haber entrado durante la crisis del 30 de julio carece actualmente de encaje legal. La situación de los menores requiere además una evaluación específica de su interés superior y de sus circunstancias familiares.
Marlaska ha lanzado desde Ceuta un mensaje muy próximo al de Vivas sobre el destino de quienes entraron irregularmente. "Ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, va a ir a la Península ni va a ser regularizado", ha asegurado, aunque ha incorporado la excepción de los casos de máxima vulnerabilidad protegidos por la legislación nacional e internacional.
Interior sostiene que los adultos que carezcan de derecho a protección internacional serán devueltos a Marruecos cuando terminen los procedimientos correspondientes. El ministro ha cifrado en 1.898 los menores identificados y ha defendido que las expulsiones y retornos deben completarse respetando la Ley de Extranjería, el derecho de asilo y las garantías judiciales.
Más policías y agentes de Extranjería
Marlaska ha anunciado durante su segunda visita a Ceuta desde la entrada masiva el despliegue adicional de 45 policías de la Unidad de Prevención y Reacción. Otros 20 miembros de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras reforzarán la tramitación de los expedientes pendientes y los procedimientos de retorno.
El dispositivo alcanza actualmente los 880 policías nacionales, 270 más que el 30 de julio, y 714 guardias civiles, cerca de 200 más que antes de la crisis. El ministro ha prometido mantener los refuerzos que resulten necesarios para recuperar la normalidad y ha reivindicado la cooperación con Marruecos en la vigilancia de la frontera.
Vivas considera que el despliegue únicamente podrá darse por suficiente cuando los ceutíes recuperen la sensación de seguridad. También ha pedido más recursos sanitarios ante el aumento temporal de población y la presión que soportan los centros asistenciales de la ciudad.
Entre sus demandas figura la presencia de Frontex en el paso del Tarajal. "La frontera que ha sido vulnerada no es solo la frontera de España, es también la frontera de Europa", ha defendido el presidente ceutí, que considera necesaria una mayor implicación comunitaria tanto en la vigilancia como en la respuesta estructural a futuras crisis.
La visita se ha producido un día después de que Marlaska no acudiera a la comparecencia extraordinaria convocada por el PP en el Senado. El ministro tiene previsto explicar la actuación de Interior en el Congreso el próximo 28 de agosto, mientras Vivas continúa reclamando una fecha mucho más inmediata para completar los retornos desde Ceuta.
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