El Gobierno de España y el Gobierno Vasco han cerrado este miércoles un acuerdo para impulsar cambios legales contra la multirreincidencia y reforzar el control de armas blancas en espacios públicos. La decisión se ha adoptado en la Junta de Seguridad del País Vasco, presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria.
El pacto busca mejorar la respuesta penal y procesal ante personas que acumulan delitos, aunque todavía no tengan una sentencia firme por la lentitud del procedimiento judicial. Zupiria lo ha explicado con una idea sencilla: quien sigue delinquiendo mientras su caso avanza en los tribunales debe afrontar consecuencias.
El cambio no será automático. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige tramitación y mayorías en el Congreso. El Gobierno Vasco admite esa dificultad, pero defiende que su papel ahora es empujar la propuesta junto al Ejecutivo central y buscar los apoyos necesarios para que salga adelante.
➡️ @interiorgob y @Gob_eus promoverán cambios normativos para reforzar el control de armas blancas en espacios públicos.
— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 8, 2026
El ministro Grande-Marlaska y el consejero de #Seguridad de #Euskadi, Bingen Zupiria, han presidido la Junta de Seguridad del #PaísVasco. pic.twitter.com/xIMXUBw6sy
El acuerdo también incluye una modificación del Reglamento de Armas para reforzar la prevención, el control y las sanciones por portar o usar armas blancas en lugares públicos, especialmente en espacios de ocio o alta concurrencia. Interior ya venía trabajando en este ámbito y la Junta de Seguridad lo incorpora ahora a la hoja de ruta compartida con Euskadi.
La Ertzaintza gana peso en extranjería, drones y cooperación europea
La reunión deja además un refuerzo claro del papel de la Ertzaintza. La policía vasca participará de forma complementaria en los informes policiales vinculados a procedimientos de expulsión de personas extranjeras cuando existan elementos relacionados con la seguridad y el orden público en Euskadi.
La decisión no traslada a la Ertzaintza la competencia final sobre las expulsiones, que sigue en manos de la Policía Nacional. Lo que se acuerda es que la información recabada por la policía autonómica en la calle, en investigaciones y en actuaciones operativas, se incorpore a esos expedientes cuando resulte relevante.
También se ha pactado la entrada de la Ertzaintza en el Punto de Contacto Único del Portal Europeo de Búsqueda, una plataforma comunitaria de intercambio de información policial. Zupiria lo ha presentado como un avance estratégico en un contexto en el que la delincuencia organizada, el blanqueo y los grupos criminales ya no se mueven dentro de fronteras cerradas.
El paquete incorpora más ámbitos. Euskadi asumirá la recepción de comunicaciones previas sobre operaciones con drones y su gestión administrativa general en el territorio. La Ertzaintza también se integrará en planes de inspección sobre precursores de explosivos y en mecanismos vinculados al SEPBLAC y a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
El Gobierno Vasco quiere que estos acuerdos no se queden en titulares. La Junta de Seguridad volverá a reunirse en un plazo máximo de seis meses para revisar el grado de cumplimiento. Zupiria ha defendido que el objetivo es una Euskadi más segura y una Ertzaintza plenamente integrada en los espacios donde se juega la seguridad real de la ciudadanía.
La hoja de ruta ya está firmada. Ahora toca convertirla en reformas, accesos efectivos y cambios operativos.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
