El PNV pone condiciones al reparto de menores de Ceuta: "La primera obligación del Estado no es repartir"

Euskadi mantiene abierta la acogida, pero exige al Gobierno agotar antes la reunificación familiar y avisa de que su sistema de protección trabaja por encima de su capacidad

05 de agosto de 2026 a las 21:00h
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico de País Vasco, Nerea Melgosa Vega. Foto de archivo: Iñaki Berasaluce / Europa Press
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico de País Vasco, Nerea Melgosa Vega. Foto de archivo: Iñaki Berasaluce / Europa Press

El Gobierno vasco ha marcado distancias este miércoles con el reparto entre comunidades de los menores migrantes llegados a Ceuta. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha exigido al Estado que agote primero todas las vías para localizar a sus familias y estudiar una posible reunificación.

La posición introduce una nueva dificultad en la gestión del Ejecutivo después del portazo de Junts y del rechazo de la ultraderecha Vox. El PNV, uno de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, condiciona cualquier traslado a una negociación previa con las instituciones vascas y recuerda que el sistema de protección de Euskadi ya trabaja por encima de su capacidad ordinaria.

Euskadi mantiene abierta la posibilidad de acoger a parte de estos niños y adolescentes. Su planteamiento se aleja así del veto completo anunciado por Junts para Cataluña, aunque eleva considerablemente las condiciones que deberá cumplir el Gobierno antes de poner en marcha cualquier derivación.

"Me preocupa que estemos normalizando lo excepcional, que haya menores lejos de sus familias", ha señalado Melgosa en declaraciones a los medios en Vitoria. La consejera considera poco razonable que la primera respuesta consista en trasladarlos a más de mil kilómetros de distancia y enviarlos a territorios donde carecen de arraigo.

Antes de adoptar esa decisión, el Estado debería acreditar que ha intentado localizar a sus familiares, valorar la reunificación cuando resulte posible y estudiar individualmente cada caso. "Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes", ha insistido la dirigente del PNV, que ha situado el interés superior del menor como criterio central de cualquier actuación.

Euskadi exige acuerdo, expedientes y financiación

"La primera obligación del Estado no es repartir menores, es ejercer plenamente las responsabilidades que le corresponden y agotar las vías para que vuelvan con sus familias", ha defendido Melgosa. La consejera también ha reclamado que el Gobierno abandone cualquier tentación de actuar mediante decisiones unilaterales o hechos consumados.

La advertencia alcanza tanto al Ejecutivo central como al procedimiento elegido para aliviar la presión que soporta Ceuta. El Gobierno vasco exige que cada traslado llegue acompañado de un expediente completo, recursos económicos suficientes y todas las garantías jurídicas y asistenciales.

Cualquier derivación tendrá que negociarse además con las Diputaciones Forales, que son las instituciones encargadas de asumir la tutela de los menores en Euskadi. Melgosa ha recordado que la red vasca atiende actualmente a más menores de los que le corresponderían conforme a su capacidad ordinaria y reclama que esa situación sea tenida en cuenta al preparar el reparto.

El Gobierno vasco está dirigido por el PNV en coalición con el PSE, circunstancia que añade peso político al aviso. Melgosa ha reivindicado los años de trabajo de Euskadi en la protección de la infancia y su compromiso con una política migratoria "ordenada, regular y humana", pero ha pedido lealtad institucional, planificación y respeto competencial.

La posición vasca llega un día después de que Junts amenazara con retirar sus siete votos al Gobierno si Cataluña participa en el reparto. La formación de Carles Puigdemont reclama dejar a la comunidad completamente fuera y vincula cualquier negociación futura a la transferencia integral de las competencias sobre inmigración.

La ultraderecha Vox mantiene una oposición frontal y varias comunidades en las que gobierna junto al PP han anunciado que intentarán impedir los traslados. Génova ha suavizado este miércoles su discurso y asegura ahora que cumplirá la ley, aunque exige un reparto "justo, bien dotado y planificado".

El PNV evita alinearse con esos rechazos y centra sus exigencias en las condiciones de la acogida y la situación de los menores. Su advertencia obliga ahora al Gobierno a concretar el reparto, garantizar los recursos y pactar cada derivación con las instituciones que asumirán la tutela.

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Jaime Barrionuevo, redactor de ElConstitucional.es
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