La decisión de una mujer a decidir llevar a cabo la interrupción voluntaria de su embarazo, es un derecho constitucional que la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso no cumple en la capital. La madrileña, que ha mostrado a lo largo de los años diversas contradicciones en cuanto a su postura sobre el derecho, se negó a elaborar un listado con los profesionales objetores de conciencia, paso esencial para garantizar el derecho de las mujeres.
No obstante, el Ejecutivo de Ayuso tuvo que poner en marcha el procedimiento para establecer este registro el pasado abril, después de que el Tribunal Supremo le instara a hacerlo. La finalidad de este mecanismo es conocer qué profesionales sanitarios se acogen a este derecho y, a partir de esa información, poder organizar los recursos necesarios para que la objeción individual no termine impidiendo que las mujeres puedan acceder a una prestación reconocida legalmente en la sanidad pública. Sin embargo, el Gobierno de Ayuso mantiene paralizada la creación del registro mientras continúa su batalla judicial con el Ministerio de Sanidad.
La situación ha quedado reflejada en un expediente del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para contratar centros privados que realicen interrupciones voluntarias del embarazo a pacientes derivadas desde hospitales públicos. Según una investigación publicada por 'EL PAÍS', el pliego de contratación reconoce expresamente que "en algunos hospitales públicos" de la región "no se puede asegurar" la realización de abortos, entre otros motivos, por la objeción de conciencia del personal sanitario. El documento corresponde a un acuerdo marco impulsado por el Hospital Universitario El Escorial para disponer de centros externos a los que derivar a las pacientes cuando la prestación no pueda realizarse con recursos propios.
Los datos adelantados por el medio, también evidencian el reducido peso de la sanidad pública madrileña en esta prestación. En 2024, último año con cifras disponibles del Ministerio de Sanidad, se practicaron 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid. De todas ellas, el 99,53% se realizaron en centros privados, mientras que la participación de los hospitales públicos fue residual.
La situación coincide con la posición que Ayuso ha mantenido durante los últimos meses sobre el registro de objetores. El 9 de octubre de 2025, durante una intervención en la Asamblea de Madrid, la presidenta rechazó crear lo que calificó como una "lista negra" de médicos objetores. "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo", afirmó entonces. En aquella misma intervención llegó a responder a la izquierda parlamentaria: "¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar".
La Comunidad defiende, no obstante, que el aborto está disponible en sus hospitales públicos. La Consejería de Sanidad ha asegurado a EL PAÍS que "en cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid puede darse esta prestación" y ha añadido que, al mismo tiempo que el Sermas garantiza el acceso al servicio, también protege "la absoluta libertad y derecho de que el médico pueda objetar".
Ley del "concebido no nacido" para frenar el derecho al aborto
El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobadoel 2 de julio, con el voto a favor del PP y Vox, la ley promovida por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para reconocer al concebido no nacido, a efectos administrativos, como un miembro más de la unidad familiar.
Dicha ley, permite a las familias acceder a las ayudas y beneficios fiscales derivados del nacimiento del bebé desde el momento en que se acredite el embarazo, aunque en algunos casos se estipula unas semanas mínimas de gestación. Esta ley ha sido aprobada en un pleno convocado expresamente, ya que estaba previsto que se elevara al último del período ordinario de sesiones, el del 18 de junio, pero la Mesa de la Asamblea paralizó la tramitación del texto el día antes tras advertir el PSOE-M de que el expediente administrativo que llegó a la Cámara estaba incompleto.
Así, el ‘nasciturus’ será tenido en cuenta desde el momento en que se acredite el embarazo en las ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar, como las becas para estudiar Bachillerato o el primer ciclo de Educación Infantil. Además, las familias con dos hijos que esperen un tercero podrán acceder desde el día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación. El texto establece la necesidad de un certificado específico de "familia asimilada a familia numerosa", cuya obtención será obligatoria para acceder a los beneficios, y que será válido hasta los tres meses siguientes a la fecha prevista de parto.
Y en el caso de la gestación múltiple se tendrá en cuenta por separado a cada uno de los concebidos a los efectos previstos en la ley. Durante la tramitación de la ley se han incorporado tres enmiendas del PP. Una para homogeneizar la semana mínima de gestación exigible en cada caso, otra que habilita al Gobierno para desarrollar la norma a través de decretos y reglamentos, y una última para garantizar que los trámites se puedan realizar tanto por vía telemática como presencial. La ley estará vigente desde el día siguiente a la publicación.
Del aborto "legal y seguro" a las políticas para el "no nacido"
La visión del derecho al aborto de la presidenta madrileña ha cambiado con los años. Ayuso ahora defiende que, “cada vida importa desde el primer suspiro” y su Gobierno está “legislando para el no nacido”, declaraciones que suponen un giro respecto a la posición que expresó en 2023, en una entrevista en ‘Antena 3’ con Susana Griso, cuando afirmó que el aborto “debería ser legal, seguro”, aunque matizó, “poco frecuente”, lo que evidencia una contradicción entre su defensa del derecho a la interrupción del embarazo y las políticas actuales de su Ejecutivo, orientadas a incentivar la continuidad del embarazo mediante distintos apoyos públicos.
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