Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a recuperar las cantidades que dejó sin aplicar a inversiones reales en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios entre 2019 y 2023. El dinero procedía de una contribución especial abonada por las aseguradoras y debía emplearse íntegramente en mejorar los medios del Cuerpo de Bomberos regional.
El fallo, cuyos detalles ha publicado ‘Somos Madrid’, anuló una resolución de ASEM112 de marzo de 2024 que rechazaba destinar directamente toda la recaudación a inversiones reales. La agencia sostenía que los presupuestos permitían incluir otras actuaciones, una interpretación que los bomberos llevaron ante la Justicia y que el tribunal ha terminado rechazando.
Los bomberos calculan 37,8 millones sin invertir
Los trabajadores demandantes sostienen que la Comunidad de Madrid recaudó 57.700.946,81 euros entre 2019 y 2023, pero únicamente destinó 19.870.730 euros a inversiones ajustadas a la finalidad prevista. La diferencia alcanza los 37.830.216,81 euros, la cantidad que reclaman para material, vehículos, infraestructuras y equipos de protección.
La Sala ordena dedicar "única, exclusiva e íntegramente a inversiones reales" toda la contribución y recuperar las cantidades que durante esos cinco ejercicios quedaron fuera de esa finalidad. La sentencia, sin embargo, no da por acreditada la cifra exacta de 37,8 millones reclamada por el sindicato. ‘Newtral’ confirmó que el fallo se convirtió en firme el pasado 4 de junio después de que transcurriera el plazo sin que la Comunidad de Madrid presentara recurso.
El Gobierno madrileño sostiene que no existe ninguna diferencia entre lo recaudado y lo destinado al servicio. También afirma que la sentencia carece de una condena por falta de inversión y defiende que sus cálculos incorporan fórmulas como el alquiler de vehículos. El TSJM circunscribe estos fondos a inversiones reales, entre ellas la compra de material y vehículos, y excluye los gastos corrientes y el ‘renting’. La Comunidad tendrá que asumir además las costas judiciales, limitadas a 2.000 euros.
La resolución afecta a un servicio formado por 1.680 bomberos distribuidos en 22 parques, encargado de atender las emergencias de toda la región salvo Madrid capital y Alcorcón. Este último municipio se incorporará al sistema autonómico en 2027. Solamente en 2026, las aseguradoras aportarán 16,4 millones mediante esta contribución especial, una cantidad que deberá invertirse por completo siguiendo el criterio fijado por la Justicia.
Menos efectivos y vehículos que tardarán tres años
El fallo se conoce tras el incendio de la Sierra Oeste, el más grave sufrido por la Comunidad de Madrid, y vuelve a situar bajo la lupa la política de prevención del Ejecutivo de Ayuso. ‘laSexta’ informó de que las brigadas forestales pasaron este año de siete a cinco integrantes, lo que habría supuesto 131 bomberos menos sobre el terreno durante el fuego que arrasó la zona occidental de la región.
Las quejas del colectivo vienen de lejos. Los profesionales han denunciado durante años carencias en vehículos de rescate, autoescalas, equipos de protección e instalaciones, además de goteras, filtraciones y presencia de roedores en algunos parques. El enfrentamiento llegó en junio de 2025 a una protesta simultánea en las 22 torres de maniobras, después de que el Ejecutivo regional intentara modificar las condiciones laborales previamente acordadas con los sindicatos.
Poco antes de los incendios de este verano, el Consejo de Gobierno autorizó 38,7 millones para adquirir 36 nuevas autobombas rurales pesadas. La renovación continúa en fase de licitación y los vehículos tardarán tres años en entregarse. Hasta entonces, el Cuerpo de Bomberos tendrá que seguir operando con la flota actual mientras el Gobierno de Ayuso cumple la obligación judicial de recuperar la inversión pendiente.
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