Isabel Díaz Ayuso ha elegido uno de los municipios golpeados por el incendio de la Sierra Oeste para ajustar cuentas con parte del operativo forestal. La presidenta madrileña ha visitado este domingo Pelayos de la Presa y ha acusado de mentir e "intoxicar" a los 60 trabajadores que denunciaron que permanecían sin vehículos, herramientas ni órdenes para acudir a los fuegos.
"Tendrían que haber estado como el resto de sus compañeros, jugándose la vida en primera línea de fuego y no intoxicando en los momentos más difíciles", ha afirmado. Ayuso también les ha reprochado su "poca amabilidad y sensibilidad" con quienes sí participaron en la extinción y ha asegurado que decir que podrían haber ayudado a resolver la emergencia supone "mentir enormemente". La presidenta ha respaldado así la ofensiva abierta por su Gobierno, que estudia posibles medidas jurídicas y administrativas contra el colectivo.
El conflicto arrastra varias semanas y enfrenta dos relatos completamente distintos. La Comunidad sostiene que los trabajadores abandonaron los parques y retenes que tenían asignados para concentrarse en la Dirección General de Emergencias, situada en Las Rozas. Según el Ejecutivo regional, cada efectivo conocía su destino y debía esperar allí las órdenes del mando, dentro de un sistema de movilización utilizado desde hace más de dos décadas.
Los forestales aseguran que acudían diariamente a su puesto de trabajo y que solicitaron por teléfono y por registro su activación para intervenir en el incendio de Almorox. Durante una de aquellas jornadas grabaron un vídeo desde las instalaciones de Emergencias en el que denunciaban que llevaban horas sin actividad. "No tenemos ni vehículos, ni camiones ni herramientas. Nos tienen paralizados", explicó uno de ellos.
El comité de huelga afirma que las peticiones fueron ignoradas y que los trabajadores permanecieron durante sus turnos en una sala sin recibir medios para desplazarse. La denuncia resulta especialmente grave porque otros parques pidieron refuerzos durante las mismas jornadas y los bomberos forestales públicos sostenían que estaban preparados para incorporarse. El colectivo llegó a anunciar que acudiría por sus propios medios, una decisión que la Comunidad consideró incompatible con la coordinación y la seguridad de una emergencia de estas dimensiones.
La disputa tampoco afecta a todos los forestales que han trabajado en la Sierra Oeste. Los aproximadamente 450 profesionales de las brigadas gestionadas por Tragsa suspendieron su huelga a finales de mayo y se incorporaron al operativo. Los señalados ahora por Ayuso forman parte de otro grupo de personal laboral público, contratado bajo categorías como conductor o técnico de mantenimiento pese a realizar tareas vinculadas a la extinción.
Sus reivindicaciones se centran en el reconocimiento profesional, la estabilidad laboral y la equiparación de determinadas condiciones con el resto del dispositivo. La Comunidad defiende que ha mantenido reuniones con ellos y que ya ha planteado mejoras dentro del marco legal. El desacuerdo sobre los puestos, los destinos y la categoría profesional ha terminado trasladándose al peor momento posible, con decenas de municipios afectados y miles de vecinos pendientes del avance de las llamas.
Ayuso ha evitado entrar en esas diferencias. Ha presentado la actuación de los 60 trabajadores como una falta de compromiso con sus compañeros y ha recordado que el operativo del INFOMA moviliza a miles de profesionales y voluntarios. También ha destacado que el 80% de los incendios registrados en Madrid queda reducido a conatos y que el presupuesto de 2026 alcanza casi 53 millones de euros.
Las cifras generales no resuelven el conflicto concreto denunciado por los forestales. Tampoco borran los problemas que arrastraba la prevención. La Comunidad dejó sin trabajar en 2025 un total de 2.357 de las 6.524 hectáreas incluidas en su planificación, alrededor del 36%. El Gobierno regional atribuyó aquel retraso a las lluvias y al desplazamiento de efectivos para colaborar tras la DANA de Valencia. Los trabajadores llevan meses advirtiendo de que la falta de personal y la precariedad también reducen la capacidad preventiva.
Una frase para despachar el ático de Chamberí
La visita a Pelayos ha supuesto además la primera comparecencia de Ayuso desde que se conoció la vental del polémico ático de lujo por parte de Planifica Madrid, una empresa pública de la Comunidad. La presidenta ha dedicado mucha menos atención a esta operación que a los bomberos forestales y se ha limitado a confirmar que el inmueble ya está en venta.
"Está en venta este inmueble y hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía. Con esos 22 millones vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste", ha respondido cuando le han preguntado si piensa comparecer para ofrecer explicaciones o enseñar el expediente.
Planifica Madrid adquirió el pasado 14 de abril una vivienda de unos 485 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos, con casi 200 metros de terraza y cinco dormitorios con baño. La Comunidad ha confirmado que pagó 6,3 millones de euros y que pretendía utilizarla para reuniones de Ayuso y su equipo durante las obras previstas en la Real Casa de Correos.
La operación permaneció fuera del conocimiento público durante más de tres meses. La compra no aparecía en el presupuesto de 2026 de la empresa ni figuraba en su portal de transparencia cuando fue descubierta. Apenas un día después de publicarse la información, el Ejecutivo regional anunció que vendería el ático junto a otras cuatro propiedades y destinaría los ingresos a reparar los daños causados por los incendios.
Ayuso sigue sin explicar quién propuso aquella vivienda, qué alternativas se estudiaron, por qué se consideró necesario comprarla y cómo iba a utilizarse un inmueble residencial como oficina institucional. Su Gobierno tampoco ha detallado todavía dónde trabajarán la presidenta y su equipo durante la reforma de Sol. La oposición ha registrado varias peticiones de información y reclama que el expediente completo llegue a la Asamblea de Madrid, además de otras vías legales.
Marruecos y el aviso de una nueva "invasión"
Ayuso ha utilizado el último tramo de su intervención para salir de la política madrileña y cargar contra Marruecos por la crisis migratoria de Ceuta. La presidenta ha calificado las entradas de migrantes como una "invasión intolerable" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de presentar una falsa normalidad mientras residentes y fuerzas de seguridad atraviesan una situación de "abandono total".
"Me temo que es una prueba de Marruecos para la siguiente", ha advertido. Ayuso considera que lo ocurrido forma parte de unos planes a medio y largo plazo para apoderarse de las dos ciudades autónomas. "Están en esos planes Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más van a intentar quitarnos", ha añadido.
La presidenta madrileña también ha reprochado a Sánchez que agradezca la colaboración de Rabat y ha asegurado que España se encuentra cada vez más aislada. Sus acusaciones sobre un futuro intento de ocupación no han ido acompañadas de pruebas, aunque llegan en pleno debate sobre la actuación marroquí durante las primeras horas de la crisis y el uso de la frontera como instrumento de presión política.
El Gobierno regional mantiene mientras tanto su amenaza de acciones contra los 60 forestales. Los trabajadores continúan reclamando el reconocimiento de su categoría profesional y los medios con los que aseguran que podrían haberse incorporado al operativo.
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