La Comunidad de Madrid ha recurrido a la Unidad Militar de Emergencias mientras 61 bomberos forestales públicos permanecen sin vehículos, camiones ni herramientas para acudir a los incendios. Los trabajadores aseguran que solicitaron su activación para intervenir en el fuego de Almorox, que terminó alcanzando territorio madrileño, pero la Dirección General de Emergencias ignoró sus peticiones.
La denuncia ha ganado fuerza en plena emergencia nacional por los incendios de Madrid y Ávila. Mientras miles de personas abandonaban sus viviendas y el Gobierno movilizaba a la UME, medios estatales y refuerzos de otras comunidades, una parte del personal especializado de Madrid cumplía su jornada en la sede de Emergencias de Las Rozas.
"Estamos viniendo a nuestro centro de trabajo a trabajar, pero no se nos dan los medios para poder desplazarnos a los incendios", explicó Alberto Ferreros, uno de los bomberos afectados. Los efectivos terminan su turno a las 22.00 horas y regresan a sus casas sin haber sido movilizados, pese a encontrarse uniformados y disponibles.
Los bomberos solicitaron por primera vez su activación para Almorox el pasado 16 de julio. Lo hicieron mediante llamadas al Centro de Coordinación Operativa, a la jefatura del Cuerpo de Bomberos y a través de un escrito registrado ante el director general de Emergencias. Repitieron la petición al día siguiente y tampoco recibieron los medios necesarios para desplazarse.
Los #BomberosForestalesCBCM queremos denunciar la no activación al #IFAlmorox deberíamos ser 62 fecetivos, pero la CM no contrata a todo el personal de extinción de incendios forestales.
— Bomberos Forestales CBCM (@bomberos_infoma) July 22, 2026
Estamos trabajando en nuestro centro de trabajo, pero no nos movilizan aunque lo solicitemos. pic.twitter.com/pmIb65C8Xv
El colectivo ha denunciado también que la Comunidad debía disponer de 62 efectivos públicos en servicio, pero mantiene incompleta la plantilla de extinción. "Estamos trabajando en nuestro centro de trabajo, pero no nos movilizan aunque lo solicitemos", advierten en el mensaje difundido desde su cuenta oficial.
La ausencia de estos trabajadores tampoco significa que el dispositivo forestal madrileño se encuentre completamente detenido. Los bomberos funcionarios, los equipos contratados mediante Tragsa, los agentes forestales y los medios estatales continúan interviniendo. El conflicto afecta a los bomberos forestales contratados directamente por la Administración regional, una plantilla pequeña cuya presencia permitía reforzar 19 parques durante la campaña de alto riesgo.
Una plantilla disponible y apartada de los parques
Los 61 bomberos forestales llevan desde mediados de mayo acudiendo a la Dirección General de Emergencias en Las Rozas, la dirección que figura como centro de trabajo en sus contratos. Antes estaban distribuidos por los parques y torres de vigilancia de la región, donde iniciaban y terminaban sus jornadas.
La protesta mantiene formalmente abierta una huelga, aunque los trabajadores recalcan que acuden a sus puestos y cumplen sus horarios. Su falta de intervención durante los últimos incendios deriva, según denuncian, de la ausencia de vehículos y material asignado. Los servicios mínimos establecidos alcanzan el 80%, pero tampoco esos efectivos están saliendo con normalidad.
La situación ha dejado una imagen difícil de explicar durante una semana marcada por el fuego. El jefe de guardia pidió alrededor de 20 bomberos funcionarios adicionales para reforzar Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias, Villaviciosa de Odón y Móstoles, mientras los forestales públicos esperaban en Las Rozas su activación.
Hasta esta campaña, 19 parques contaban con una unidad formada por un camión y dos o tres bomberos forestales. Este verano han perdido ese refuerzo. La Comunidad ha recurrido a guardias extraordinarias de bomberos funcionarios, más largas y costosas, mientras continúa bloqueada la negociación con el colectivo forestal.
La plantilla prevista llegó a contar con 124 plazas. Un total de 98 trabajadores superó el proceso de estabilización concluido en 2024, pero únicamente 61 continúan en activo. Los demás se encuentran en excedencia después de buscar otros empleos con mayor estabilidad, según explican los propios afectados.
Su salario ronda los 1.826 euros brutos mensuales y queda cerca de los 1.400 euros netos. Los contratos siguen identificando a parte de ellos como conductores de automóviles, taxis y furgonetas o personal de mantenimiento de edificios. La categoría profesional que aparece sobre el papel continúa sin corresponderse con el trabajo de prevención y extinción que realizan sobre el terreno.
La ley de bomberos forestales sigue en el centro del conflicto
La disputa se agravó con la entrada en vigor de la Ley básica 5/2024 de bomberos forestales. La norma reconoce esta categoría a quienes desempeñan profesionalmente labores de prevención, vigilancia y extinción, con independencia de que su relación con la Administración sea funcionarial o laboral.
La ley también contempla la negociación de complementos ligados a la peligrosidad, el esfuerzo físico, la toxicidad, la penosidad, la morbilidad y el riesgo psicofísico. Los trabajadores reclaman la aplicación de estos conceptos, el reconocimiento de su categoría y contratos durante todo el año. La Comunidad ofreció agrupar los seis complementos en una subida de 132 euros mensuales, una cantidad que el comité consideró insuficiente.
El Gobierno de Ayuso sostiene que ofreció reabrir una mesa de negociación si se suspendía la huelga. Los representantes de los trabajadores rechazaron esa condición y acusan al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, de acudir a la última reunión "sin ninguna propuesta" y con advertencias sobre el futuro del cuerpo.
Madrid ha presentado para 2026 un presupuesto de 187,9 millones de euros para la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, un 4,8% más que el año anterior. Las cuentas reservan más de 31 millones para trabajos realizados por empresas y para el nuevo encargo a Tragsa dedicado a la prevención y el apoyo a la extinción.
La documentación presupuestaria defiende un cambio de modelo con 420 trabajadores de Tragsa durante todo el año. El sistema anterior contaba con 550 personas durante los cuatro meses de mayor riesgo y alrededor de 300 durante el resto del ejercicio. El Ejecutivo regional asegura que la nueva organización permitirá reforzar la prevención invernal y reducir la temporalidad.
Los trabajadores trasladan un balance diferente. Jesús Molina, presidente del comité de empresa de los bomberos forestales de Tragsa, cifra en un 50% la reducción de las labores preventivas realizadas durante el último invierno. Desbroces, apertura de cortafuegos, mantenimiento de pistas y limpieza de las zonas próximas a los municipios condicionan la velocidad del fuego y la seguridad de quienes tienen que combatirlo meses después.
El conflicto de Tragsa discurre por separado del que mantienen los 61 trabajadores públicos. Su plantilla arrastra un convenio caducado desde 2008, salarios congelados desde 2010 y retribuciones próximas a los 1.300 euros. Alrededor de cuatro de cada diez efectivos dependen todavía de contratos limitados a la campaña de verano, una temporalidad que expulsa cada año a profesionales con experiencia.
La huelga indefinida de este segundo colectivo ha quedado suspendida durante la emergencia para concentrar los recursos en la extinción. Tragsa y los representantes laborales preparan un preacuerdo sobre salarios, descansos y protección frente a sustancias cancerígenas. Los bomberos forestales públicos, por su parte, continúan reclamando vehículos y una orden de activación para incorporarse a los incendios.
La UME refuerza la emergencia y la prevención queda en manos autonómicas
La llegada de la UME aporta capacidad humana, maquinaria pesada, comunicaciones y experiencia cuando un incendio supera los medios ordinarios. Madrid solicitó su intervención ante el avance del fuego procedente de Almorox y el Gobierno ha ampliado después el despliegue al declarar la emergencia de interés nacional en la Comunidad y en la provincia de Ávila.
Los militares trabajan junto a los dispositivos autonómicos y estatales bajo el Sistema Nacional de Protección Civil. La propia Ley de bomberos forestales excluye al personal militar de esa categoría profesional. Su función comienza con la gran emergencia, mientras la vigilancia del territorio, el tratamiento de la vegetación y la preparación de los montes corresponden durante todo el año a las administraciones y a sus plantillas civiles.
El Plan INFOMA de Madrid prevé desbroces, tratamientos selvícolas, mantenimiento de cortafuegos, pistas forestales, puntos de agua y bases de retenes. Para 2026 se proyectaron actuaciones sobre 1.307 hectáreas. La alerta de los trabajadores apunta precisamente al desfase entre esa planificación y las tareas que han podido completarse antes del verano.
El problema también alcanza a Castilla y León. Dos días antes de comenzar la campaña de riesgo alto, alrededor de 200 trabajadores se manifestaron en Ávila, León, Palencia y Segovia para denunciar vacantes sin cubrir, falta de personal en camiones y torretas y una profesionalización todavía pendiente.
La Junta anunció un dispositivo de 5.001 profesionales y una inversión de 160 millones de euros, 60 millones más que el año anterior. La campaña comenzó, sin embargo, después de un conflicto que amenazó con dejar fuera a cerca de 950 trabajadores de empresas privadas por las condiciones de seguridad y la adaptación de los contratos. El acuerdo alcanzado en junio permitió recuperar esos efectivos, aunque dejó pendientes el reconocimiento profesional y varios cambios laborales.
Castilla y León arrastraba además el golpe de 2025, cuando ardieron cerca de 171.900 hectáreas y murieron cinco personas. Los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica dedicaron a esa comunidad alrededor del 40% de todas sus horas de apoyo a las autonomías. Este verano, el incendio de Burgohondo ha vuelto a situar a Ávila bajo dirección estatal junto a la Comunidad de Madrid.
Los bomberos forestales madrileños han regresado este viernes a su centro de trabajo en Las Rozas. Siguen reclamando los vehículos, las herramientas y las plazas necesarias para volver a los parques. La UME, los equipos de Tragsa, los bomberos funcionarios y los refuerzos desplazados desde otros territorios continúan trabajando frente a unas llamas a las que ellos también pidieron acudir.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
