El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que estudiará posibles medidas administrativas y jurídicas contra unos 60 bomberos forestales en huelga que han decidido desplazarse por su cuenta a los parques para participar en la lucha contra los incendios que arrasan la Sierra Oeste de Madrid.
Los trabajadores comunicaron su decisión este viernes después de denunciar "la falta de órdenes y medios en estos días por parte de la DGE y la jefatura de Emergencias 112 Comunidad de Madrid". Ante la gravedad de la situación y la necesidad de proteger a la población, explicaron, acudirían a los parques "por su cuenta" para actuar.
Tras la grave situación en la @ComunidadMadrid y ante la necesidad de protección a la ciudadanía y sus bienes.
— Bomberos Forestales CBCM (@bomberos_infoma) July 24, 2026
Y tras la falta de órdenes y medios en estos días por parte de la DGE y la jefatura de @112cmadrid
Hemos decidido irnos por nuestra cuenta, a los parques a actuar 🚒🔥 pic.twitter.com/kT8uEkAPSM
La reacción de la Comunidad ha llegado poco después mediante un duro comunicado. El Ejecutivo regional acusa al grupo de mantener una "estrategia de chantaje" para condicionar la organización del operativo y trasladar una imagen distorsionada del trabajo de los servicios de emergencia.
El documento considera que las actuaciones de estos trabajadores han podido comprometer el servicio público, dificultar el funcionamiento del dispositivo o poner en peligro a las personas y al patrimonio natural. La Comunidad estudiará ahora "todas las vías administrativas y jurídicas que resulten procedentes para depurar responsabilidades".
🔴 La Comunidad de Madrid estudiará todas las vías administrativas y jurídicas contra la actuación de un reducido grupo de bomberos forestales, que han podido comprometer la actuación de los dispositivos de emergencia.#IFSierraOeste#INFOMA26 pic.twitter.com/z0uFZTyrZM
— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 24, 2026
Dos versiones enfrentadas sobre la falta de medios
El origen inmediato del conflicto se encuentra en la situación de estos trabajadores desde el comienzo de la campaña. El comité de huelga asegura que lleva desde el 16 de julio solicitando formalmente su activación, además de vehículos y herramientas para acudir a los incendios, sin haber recibido respuesta.
Según explicó un portavoz del colectivo a 'La Vanguardia', los trabajadores permanecían en la Dirección General de Emergencias de Las Rozas porque la Administración no les había facilitado los medios necesarios para incorporarse a los parques. Los servicios mínimos fijados durante la huelga alcanzan el 80%.
La Comunidad ofrece una versión completamente distinta. Sostiene que el personal conoce sus destinos y los procedimientos establecidos para la campaña de 2026, un sistema que lleva funcionando más de 25 años, y asegura que cada trabajador aceptó voluntariamente tanto su contrato como el acta de adjudicación del puesto.
El Ejecutivo madrileño afirma que los recursos se activan desde los parques y retenes asignados y acusa al grupo de permanecer en Las Rozas en lugar de acudir a sus bases. Presentar esta situación como una falta de medios o una negativa a movilizarlos supone, según el comunicado, "alterar la realidad y generar alarma social".
La disputa afecta a un grupo concreto del personal laboral público de INFOMA. La Comunidad habla de 60 trabajadores dentro de un colectivo de 2.100 profesionales y recuerda que el dispositivo completo moviliza a más de 6.000 profesionales y voluntarios. La información publicada el jueves situaba en 61 los bomberos forestales de esta unidad.
Más de tres años de huelga
El conflicto laboral comenzó hace más de tres años. Los bomberos forestales públicos superaban a principios de julio los 1.145 días de huelga indefinida.
Sus principales reivindicaciones pasan por trabajar durante todo el año, obtener el reconocimiento profesional de bombero forestal y aplicar la Ley Básica aprobada en 2024. También reclaman que se reconozca la peligrosidad de su actividad y las enfermedades profesionales vinculadas a la exposición al humo y otros agentes cancerígenos.
Las conversaciones con la Comunidad permanecen bloqueadas. El Ejecutivo regional asegura que ha ofrecido mejoras económicas y propuestas ajustadas al marco legal, mientras los trabajadores denuncian que distintas consejerías llevan años trasladándose la responsabilidad sin resolver el conflicto.
La amenaza de posibles medidas llega durante el peor episodio de incendios conocido en la Comunidad de Madrid. Más de 45.000 personas se encuentran evacuadas o confinadas y la cabeza del gran frente que avanza por la Sierra Oeste está "fuera de capacidad de extinción". Los medios trabajan ya en líneas de defensa para impedir que las llamas alcancen El Escorial y San Lorenzo de El Escorial.
Los 60 bomberos han anunciado que se desplazarán a los parques por sus propios medios para actuar. La Comunidad todavía no ha concretado qué expedientes o acciones jurídicas promoverá ni contra cuántos trabajadores podrían dirigirse.
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