El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha convertido su rechazo a la reforma de la financiación autonómica en una maniobra para impedir que el órgano encargado de debatirla pueda siquiera constituirse. La consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, faltará este viernes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y Sol está presionando al resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular para que hagan lo mismo.
El objetivo ha sido reconocido abiertamente por el Ejecutivo regional. El reglamento del CPFF exige la presencia de al menos la mitad de sus miembros para que la reunión y sus votaciones tengan validez. Ayuso pretende aprovechar el amplio poder territorial del PP para romper ese quórum y paralizar una reforma que lleva pendiente desde 2014.
"La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana es que no haya quórum", han defendido fuentes del Gobierno madrileño. Sol sostiene que la propuesta fue negociada bilateralmente por el Ejecutivo central y Cataluña, acusa a Salvador Illa de continuar la gestión de los anteriores gobiernos independentistas y asegura que el modelo busca "blanquear" su deuda.
Madrid ha trasladado su plan a la dirección nacional del PP y a los consejeros de Hacienda de las demás autonomías populares. La llamada al boicot ha provocado desconcierto en algunos de esos gobiernos, que mantenían la intención de acudir al encuentro y votar en contra. Aragón ya ha confirmado que estará presente, mientras Murcia y Castilla y León han pedido retirar la propuesta del orden del día y defenderán sus objeciones dentro del propio Consejo.
Hacienda acusa a Ayuso de "gamberrismo institucional"
La respuesta del Ministerio de Hacienda ha sido contundente. El departamento dirigido por Arcadi España ha calificado la iniciativa de Ayuso como un "irresponsable llamamiento al boicot" y un acto de "gamberrismo institucional", al considerar que intenta inutilizar uno de los principales espacios de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.
Hacienda ha mostrado su sorpresa porque todos los territorios de régimen común habían confirmado previamente su asistencia. La reunión técnica celebrada este jueves transcurrió con normalidad y, según el Ministerio, ninguna comunidad comunicó entonces que fuera a ausentarse de la cita.
El enfrentamiento llega después de que el Gobierno aceptara retrasar el CPFF previsto inicialmente para el 29 de julio. Las comunidades del PP habían solicitado más tiempo para estudiar la documentación y formular sus propuestas, una petición que Hacienda atendió trasladando la reunión hasta septiembre.
Tras obtener ese aplazamiento, el Gobierno madrileño ha pasado de reclamar más tiempo a intentar vaciar el órgano donde debe discutirse el modelo. Hacienda ha asegurado que mantendrá la mano tendida a los territorios y grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma destinada a financiar servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda y la atención social.
Madrid recibiría 2.555 millones adicionales
La propuesta del Gobierno incorporaría cerca de 21.000 millones de euros adicionales al sistema de financiación autonómica durante su primer año, previsto para 2027. Las comunidades de régimen común recibirían en conjunto 224.507 millones, con Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid entre las mayores beneficiarias en términos absolutos.
Los cálculos de Hacienda atribuyen a Madrid 2.555 millones más que con el modelo vigente. Andalucía sumaría 4.846 millones, Cataluña recibiría 4.686 millones y la Comunidad Valenciana ganaría 3.669 millones. La reforma también elevaría la participación autonómica en el IRPF del 50% al 55% y la correspondiente al IVA hasta el 56,5%.
El reparto introduciría nuevos criterios para calcular el coste real de los servicios públicos según la población, el envejecimiento, la dispersión territorial, la insularidad o el número de habitantes en edad escolar. Ayuso ha colocado el foco de su oposición en el origen del acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y ha calificado el modelo como una "compra de voluntades".
El rechazo, en cualquier caso, se extiende más allá del PP. Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE, también han anunciado su voto en contra, mientras Cataluña y Canarias respaldan la propuesta. El Gobierno puede aprobarla en el CPFF con el apoyo de una sola comunidad siempre que la reunión alcance el quórum obligatorio.
La votación de este viernes tampoco cerraría la reforma. El texto tendrá que pasar después por el Consejo de Ministros y alcanzar una mayoría absoluta de 176 diputados en el Congreso, donde el rechazo expresado hasta ahora por Junts mantiene su futuro en el aire. Si el intento de Ayuso fracasa y el CPFF consigue constituirse, Madrid habrá renunciado voluntariamente a ocupar su asiento mientras los demás territorios fijan posición sobre el nuevo reparto.
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