El Ministerio de Hacienda ha aceptado la petición de las comunidades gobernadas por el PP y ha aplazado hasta el viernes 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reunión estaba convocada para este miércoles y debía abordar y someter a votación el nuevo modelo de financiación autonómica.
El departamento dirigido por Arcadi España ha decidido ofrecer más tiempo para estudiar una reforma llamada a determinar durante los próximos años los recursos destinados a sanidad, educación, dependencia y el resto de servicios públicos gestionados por las comunidades. Los once gobiernos autonómicos del PP, junto a Ceuta y Melilla, habían reclamado disponer de la documentación y las simulaciones completas antes de pronunciarse.
Los consejeros populares también cuestionaron que la reunión se celebrara en medio de la emergencia provocada por los incendios. En su carta aseguraron que una reforma de esta importancia necesitaba una negociación multilateral y un calendario más amplio, después de criticar que la propuesta naciera del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC.
Hacienda sostiene que lleva meses ofreciendo reuniones técnicas a las comunidades y ha mostrado su sorpresa por el momento elegido para solicitar el aplazamiento, justo después de que Canarias anunciara su voto favorable. Pese a ello, Arcadi España ha presentado el cambio de fecha como una muestra de la voluntad de diálogo del Gobierno.
Casi 21.000 millones más para las comunidades
La propuesta de Hacienda contempla que las autonomías reciban 20.975 millones de euros adicionales. El objetivo es elevar los recursos disponibles para financiar el Estado del bienestar mediante una mayor cesión de impuestos como el IRPF y el IVA, además de nuevos mecanismos de redistribución entre territorios.
El modelo también incorpora fondos vinculados a las singularidades territoriales, las competencias asumidas por cada comunidad y la exposición a los efectos del cambio climático. Cada autonomía podrá decidir si se incorpora al nuevo sistema y si participa en algunos de sus mecanismos, uno de los cambios introducidos para facilitar el acuerdo.
Canarias anunció este lunes su respaldo después de cerrar con Hacienda el reconocimiento de sus particularidades. El Gobierno de Fernando Clavijo calcula que el nuevo reparto le aportará 1.300 millones más cada año para sus servicios esenciales. Cataluña, que participó en la negociación inicial junto a ERC, también votará a favor.
El Gobierno tiene los votos necesarios en el Consejo
La posición de Cataluña y Canarias permite al Ejecutivo afrontar con tranquilidad la votación de septiembre. El Gobierno concentra la mitad del peso del Consejo de Política Fiscal y Financiera y necesita sumar el respaldo de una sola comunidad para sacar adelante su propuesta.
El aplazamiento ofrece ahora varias semanas para continuar las conversaciones y entregar la información reclamada por los gobiernos autonómicos. El rechazo sigue siendo mayoritario entre las comunidades del PP y alcanza también a Castilla-La Mancha, cuyo presidente socialista, Emiliano García-Page, considera que el reparto perjudica la igualdad entre territorios.
La votación del CPFF representa un paso político importante, aunque la reforma tendrá que traducirse después en cambios legales y nuevas cesiones de impuestos aprobadas por el Congreso. Allí el Gobierno afronta un escenario bastante más ajustado.
El PP y la ultraderecha Vox han avanzado su rechazo. Junts también amenaza con presentar una enmienda a la totalidad porque el modelo finalmente descarta para Cataluña un concierto similar al vasco. ERC mantiene su apoyo, pero ha criticado el aplazamiento y exige que la nueva financiación quede aprobada antes de terminar el año.
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