Hacienda ha abierto este viernes la negociación formal para cambiar el sistema de financiación autonómica, pendiente de una reforma desde hace más de una década. El Ministerio que dirige Arcadi España ha enviado a las comunidades de régimen común el borrador completo del nuevo modelo, acompañado de los cálculos sobre el dinero que recibiría cada territorio si la propuesta entra en vigor en 2027.
El documento pone 20.975 millones de euros adicionales sobre la mesa y garantiza que ninguna comunidad reciba menos que con el sistema actual. El Gobierno intenta trasladar así el debate desde el choque político de los últimos meses hacia las cifras concretas de una reforma que condicionará los recursos disponibles para sanidad, educación, dependencia y el resto de los servicios públicos autonómicos.
La negociación comienza, sin embargo, con un rechazo territorial muy amplio. Los gobiernos del PP, Castilla-La Mancha y Asturias han expresado importantes reservas o han avanzado su voto contrario. Cataluña es por ahora el respaldo más claro, después de que la propuesta naciera del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa. Junts tampoco garantiza sus votos cuando el texto llegue al Congreso.
Más IRPF e IVA para las comunidades
La principal vía para aumentar los recursos será una mayor participación autonómica en los dos grandes impuestos estatales. La cesión del IRPF subirá del 50% al 55%, mientras que la del IVA pasará del 50% al 56,5%.
La cesta tributaria incorporará también los impuestos sobre el patrimonio, los depósitos bancarios, las actividades del juego y los residuos depositados en vertederos. Hacienda calcula que el conjunto del sistema distribuirá unos 224.500 millones de euros en 2027, frente a los 152.484 millones correspondientes a 2023, el último ejercicio completamente liquidado.
Las comunidades podrán acogerse, además, a un sistema de caja compartida para recibir los ingresos del IRPF al mismo tiempo que la Administración central. También se plantea adelantar las liquidaciones, reforzar la colaboración entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas y permitir que los territorios reciban una parte del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas instaladas en ellos.
El modelo será voluntario. Cada autonomía podrá mantener el sistema vigente, aunque en ese caso renunciará al incremento de recursos asociado a la reforma. Hacienda incorpora igualmente una garantía de statu quo para que ninguna de las comunidades que se adhieran salga perdiendo respecto al reparto actual.
La sanidad tendrá más peso que el padrón
Otra de las grandes novedades afecta a la denominada población ajustada, la fórmula utilizada para calcular cuánto cuesta prestar los servicios públicos en cada territorio. El número bruto de habitantes seguirá siendo importante, aunque dejará de ocupar el centro absoluto del reparto.
El gasto sanitario tendrá un peso del 38%, por encima del 30% asignado al padrón. El cálculo tendrá en cuenta veinte grupos de edad para reflejar mejor el coste de atender a una población envejecida. La educación representará un 17% y sumará variables relacionadas con la Formación Profesional, la universidad y los estudiantes que se desplazan entre comunidades.
También se valorarán por separado las personas de entre 65 y 79 años y las mayores de 80, el número de desempleados sin prestación, la superficie territorial, la dispersión de la población, la insularidad y los costes fijos que soportan las autonomías menos pobladas.
El Gobierno defiende que estos cambios reducirán a la mitad las diferencias actuales de financiación por habitante ajustado. El borrador incorpora además un fondo de 1.000 millones de euros para afrontar los efectos del cambio climático, con especial incidencia en los territorios mediterráneos.
Andalucía recibirá más dinero y Cataluña encabezará la mejora por habitante
Las cifras absolutas sitúan a Andalucía como la comunidad que más recursos adicionales obtendría, con 4.846 millones de euros. Cataluña recibiría 4.686 millones más, la Comunitat Valenciana 3.669 millones, Madrid 2.555 millones, Castilla-La Mancha 1.248 millones y Murcia 1.188 millones.
La fotografía cambia al calcular el aumento por habitante ajustado. Las estimaciones de Fedea colocan a Cataluña como el territorio con una mayor mejora, con algo más de 500 euros adicionales por persona, seguida de la Comunitat Valenciana y Murcia. Ese resultado alimenta una parte de las críticas de los gobiernos autonómicos, que consideran que el diseño mantiene elementos negociados previamente con ERC.
Hacienda sostiene que la reforma beneficia a todos los territorios y recuerda que buena parte de los recursos adicionales irán precisamente a comunidades gobernadas por el PP. Arcadi España ha pedido a los ejecutivos regionales que estudien el documento antes de cerrarse a una propuesta que, según el Ministerio, permitirá destinar más dinero a los servicios públicos.
El Partido Popular cuestiona el origen bilateral del modelo y reclama que la reforma se pacte entre todas las comunidades. Emiliano García-Page considera que el reparto responde a las exigencias del independentismo catalán, mientras Asturias también mantiene su rechazo. Junts se sitúa en el extremo contrario y considera que la propuesta se queda corta respecto a una verdadera financiación singular para Cataluña.
La votación del 29 de julio abrirá el camino hacia el Congreso
Los equipos técnicos de Hacienda y de las comunidades se reunirán el próximo martes 14 de julio para analizar los cálculos, plantear dudas y estudiar posibles modificaciones. Arcadi España asegura que el borrador permanece abierto a propuestas y que algunas de las aportaciones trasladadas durante las reuniones bilaterales ya están siendo examinadas.
El siguiente paso llegará el 29 de julio, cuando los consejeros autonómicos se sienten en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno dispone de la mitad de los votos de este órgano y necesita el respaldo de al menos una comunidad para sacar adelante su propuesta. El apoyo de Cataluña permitiría superar ese trámite.
Hacienda prevé aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros después del verano y remitirlo inmediatamente al Congreso. Allí deberá reunir una mayoría parlamentaria que todavía no tiene asegurada. El calendario oficial fija como objetivo que el nuevo sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027.
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