El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el pasado 24 de junio retirar 257,63 millones de euros de seis organismos públicos madrileños para transferirlos al Servicio Madrileño de Salud. El dinero procede de entidades vinculadas a los transportes, las emergencias, la atención social, las residencias, la reinserción de menores y la seguridad laboral.
La operación llegó después de que la Consejería de Sanidad solicitara 588 millones adicionales para financiar hospitales, recetas médicas y facturas pendientes de los centros sanitarios. El acuerdo del Consejo de Gobierno, al que ha tenido acceso 'elDiario.es', reconoce que "los créditos consignados en el presupuesto 2026 resultan insuficientes" para atender esos gastos corrientes.
El desfase aparece apenas seis meses después de que el Ejecutivo regional presentara un presupuesto sanitario récord de 11.009,5 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior y equivalente al 35,9% de todas las cuentas autonómicas. Pese a ese incremento, Sanidad necesitó una nueva inyección para mantener los pagos ordinarios del Sermas.
Transportes aporta casi la mitad del dinero
El principal origen de los fondos es el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que entrega 124 millones de euros. Esta cantidad representa casi la mitad de toda la transferencia autorizada por el Gobierno regional.
La Agencia de Contratación Sanitaria aporta otros 59,9 millones, mientras la Agencia Madrileña de Atención Social, responsable de residencias y centros públicos, entrega 32,1 millones. La Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor suma 22,5 millones.
La lista continúa con los 17,5 millones procedentes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, en plena temporada de incendios forestales, y los 1,63 millones retirados del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los seis movimientos alcanzan conjuntamente los 257,63 millones.
El Ejecutivo madrileño sostiene que estas cantidades eran disponibilidades líquidas que los organismos no necesitaban para desarrollar la actividad incluida en sus presupuestos. El acuerdo permite llevarlas primero a la Tesorería Central de la Comunidad de Madrid y generar después el crédito correspondiente para el Sermas.
La fórmula está contemplada en el artículo 80.2 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid. La norma autoriza a Hacienda a disponer del dinero líquido de los organismos públicos en "situaciones excepcionales", siempre que exista una autorización previa del Consejo de Gobierno.
El expediente tuvo que justificar ese carácter excepcional mediante las tensiones financieras que podía provocar el retraso en las facturas y la necesidad de mantener los plazos de pago a proveedores. La Intervención General y la Dirección General de Presupuestos informaron favorablemente sobre la operación.
La Consejería de Sanidad ha ofrecido este martes una explicación distinta sobre su excepcionalidad. El departamento defiende que se trata de un mecanismo habitual, auditado y utilizado anteriormente para aprovechar remanentes disponibles. Según su versión, "no es nada raro ni excepcional". El expediente y la respuesta política emplean así términos opuestos para describir la misma transferencia.
El acuerdo tampoco concreta qué previsiones permitieron considerar innecesarios esos 257,63 millones en los seis organismos afectados. El Gobierno autonómico deberá explicar si la retirada modifica sus planes de gasto, sus inversiones o los fondos disponibles para afrontar imprevistos durante el resto del ejercicio.
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Sanidad pidió 588 millones y todavía falta más de la mitad
La cantidad movilizada cubre menos del 44% de los 588 millones reclamados por la Consejería de Sanidad. La solicitud distribuye el dinero entre distintos hospitales, centros sanitarios, recetas médicas y pagos a proveedores.
El Hospital Universitario La Paz concentra más de 95 millones y el Doce de Octubre, cerca de 91 millones. El Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos necesitan asimismo más de 50 millones adicionales cada uno, según la documentación conocida.
La comparación entre la petición y el dinero transferido deja 330,37 millones todavía sin cubrir. La diputada socialista Sara Bonmati ha cifrado la diferencia en 325,8 millones al partir de una transferencia de 262 millones, cantidad que también utiliza en su hilo de X. Sin embargo, la suma de los seis movimientos detallados alcanza 257,63 millones. La Comunidad de Madrid tendrá que aclarar el origen de esa diferencia.
Bonmati, que obtuvo la documentación a través del Portal de Transparencia, acusa al Ejecutivo autonómico de recurrir a otros servicios públicos para contener el problema financiero de la sanidad. La diputada habla de un "intento de tapar el desmantelamiento del sistema público de salud madrileño" y cuestiona qué organismos tendrán que aportar el dinero que todavía falta.
Mientras Ayuso estaba ocupada fantaseando con su ático, la sanidad pública se queda sin dinero para su actividad ordinaria
— Sara Bonmati / ❤️🌹 (@SBonmati) August 10, 2026
Hoy traigo un documento que explica cómo Madrid ha tenido que buscar 588 MILLONES para que sus hospitales sigan funcionando
Dentro hilo🧵👇 pic.twitter.com/Y7NHhULPtu
El PSOE-M también advierte del impacto político de retirar dinero a organismos que afrontan problemas propios. Bonmati recuerda las quejas de los usuarios por las frecuencias y la climatización del transporte público, la falta de personal y refrigeración en algunas residencias y las reclamaciones de los bomberos forestales para reforzar los medios de prevención y extinción de incendios.
La diputada sostiene además que el expediente recoge 941,2 millones de euros correspondientes a facturas de 2025 que seguían pendientes al comenzar este año. Esa carga habría consumido desde los primeros meses una parte de las cuentas sanitarias que el Gobierno de Ayuso presentó como las mayores de la historia de la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo autonómico rechaza que la transferencia suponga una anomalía y asegura que todo el proceso cuenta con el control de la Intervención General, Hacienda y el Consejo de Gobierno. También mantiene que el dinero retirado a los seis organismos estaba disponible y carecía de una necesidad inmediata dentro de sus actividades presupuestadas.
La transferencia de 257,63 millones ya está autorizada y permitirá al Sermas continuar pagando hospitales, recetas y proveedores. Sanidad pidió 588 millones para sostener esos gastos ordinarios antes de terminar el primer semestre. El Gobierno de Ayuso todavía debe explicar de dónde saldrá el resto y por qué las partidas aprobadas para 2026 se quedaron cortas tan pronto.
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