El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda que cuenta con un presupuesto de hasta 7.000 millones de euros y tiene el objetivo de acabar con la privatización de viviendas públicas o protegidas. Sin embargo, desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso, rechazan el plan.
El consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, lo ha definido como “un plan que se ha hecho a espaldas de las Comunidades Autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”. A su vez ha añadido: “Intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente”.
Sin embargo, el Plan Estatal de Vivienda quiere triplicar la inversión pública en vivienda en el periodo 2026-2030 con un presupuesto de 7.000 millones de euros de los cuales, a la capital madrileña, le corresponderían 1.113 millones de euros, el Estado aportaría el 60%, (600 millones) mientras que la Comunidad aportaría el 40%.
Ante la negativa del Gobierno de Ayuso, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sentenciado: “Ayuso cree que daña al Gobierno cuando no aplica la ley de vivienda, pero daña a un millón y medio de personas que viven de alquiler en Madrid y que podría ver sus alquileres congelados y evitar subidas abusivas”.
Asimismo, Rodríguez, ha explicado que estar en contra del plan supone “estar renunciando a más de mil millones de euros” y ha añadido: “Es un coste que no sé si es capaz de asumir”. Madrid según las ayudas del plan sería la segunda comunidad que más dinero recibiría.
