La Comunidad de Madrid ha aprobado pagos por valor de más de 7.000 millones de euros desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia regional, según una información publicada por la 'Cadena SER'. Estas cantidades corresponden a la gestión de varios hospitales públicos bajo régimen de concesión o convenio singular.
El centro que concentra la mayor parte del gasto es la Fundación Jiménez Díaz, que ha recibido cerca de 4.400 millones de euros, más del 60% del total. Le siguen el hospital de Valdemoro, con más de 1.000 millones, el Hospital de Móstoles con más de 850 millones y el de Villalba, que roza los 400 millones en el mismo periodo.
A estas cifras se suman más de 400 millones de euros adicionales en forma de créditos destinados también a estos centros y al hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud. Los pagos responden a distintos conceptos, desde la atención sanitaria ordinaria hasta la dispensación de medicamentos, compensaciones por la pandemia de COVID-19 o servicios como la interrupción voluntaria del embarazo.
Según detalla la 'Cadena SER', también figuran abonos en conceptos como “reequilibrio económico” o revisiones al alza de tarifas, partidas que la oposición en la Asamblea de Madrid califica de “opacas”. Estas críticas se centran en la falta de transparencia y en el volumen creciente de recursos públicos destinados a la gestión privada.
El abono de algunas cantidades ha estado marcado por conflictos judiciales. Durante la etapa de José Luis González Armengol en la viceconsejería de Sanidad se rechazaron determinadas facturas que posteriormente fueron recurridas por las empresas gestoras. Sin embargo, con la llegada de Antonio Zapatero en 2021, el Ejecutivo autonómico cambió de criterio y comenzó a allanarse en los tribunales ante las reclamaciones.
De hecho, más de 150 millones de euros de los cerca de 160 millones abonados por orden judicial se habrían pagado sin una revisión de fondo por parte de los jueces, debido a ese “allanamiento implícito parcial”. El último caso se produjo el 25 de febrero del pasado año, con un pago superior a los diez millones de euros a la Fundación Jiménez Díaz, mientras que el Gobierno regional defiende que todos los importes responden a servicios sanitarios efectivamente prestados.
