El Tribunal de Cuentas ha acordado iniciar una investigación sobre el sistema de facturación sanitaria en la Comunidad de Madrid tras una información de eldiario.es que apunta a que el Gobierno autonómico dejó de reclamar 71 millones de euros a empresas privadas entre 2017 y 2023. En ese periodo, cinco de los siete años corresponden a gobiernos de Isabel Díaz Ayuso.
En una diligencia emitida este lunes, el órgano fiscalizador anuncia la apertura de una pieza de acción pública a raíz de la denuncia presentada por la portavoz del PSOE en Madrid, Mar Espinar. En esa denuncia se solicita investigar “un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación” entre hospitales públicos y centros con gestión privada.
El caso se enmarca en el funcionamiento del sistema sanitario madrileño, donde conviven hospitales de gestión directa con cinco centros de gestión privada, cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud. Estos centros compiten por pacientes desde la implantación de la libre elección sanitaria aprobada en la etapa de Esperanza Aguirre.
El modelo obliga a que los hospitales registren en un sistema informático los pacientes atendidos fuera de su área y el coste de sus tratamientos para compensarse entre sí mediante el llamado “balance intercentros”. Cada mes y cada año se liquidan estas facturaciones por pacientes desplazados dentro del sistema.
Sin embargo, los datos analizados apuntan a un desequilibrio significativo. Entre 2017 y 2023, los centros privados facturaron al sistema público un total de 1.268 millones de euros por la atención de pacientes, mientras que el sistema público dejó de reclamar 71 millones a las empresas privadas por tratamientos realizados en hospitales públicos a pacientes procedentes de esos centros.
El periodo investigado abarca dos etapas políticas: entre 2017 y 2019, bajo el Gobierno de Cristina Cifuentes y, después, Ángel Garrido, y entre 2019 y 2023, ya con Isabel Díaz Ayuso al frente del Ejecutivo autonómico. El Tribunal de Cuentas deberá determinar ahora si ese desfase en la facturación supuso un perjuicio económico para las arcas públicas.
