Tres sillas vacías marcaron la reunión convocada este miércoles por las plataformas de la educación pública madrileña. Estaban reservadas para la consejera del Gobierno de Ayuso, Mercedes Zarzalejo, y las ministras Diana Morant y Milagros Tolón. Tras su ausencia, las Plataformas por la Universidad Pública han advertido de que elevarán la presión para conseguir una negociación. “Si Zarzalejo no se sienta a negociar, no queda otra que exigir su dimisión inmediata”, concluye su comunicado al que ha tenido acceso este periódico.
El encuentro, convocado para el 18 de noviembre a las 12.30 horas en la Universidad Complutense, reunía las reivindicaciones de distintas etapas educativas en un conflicto que acumula más de un mes de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria. Participaron la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, la Asamblea Menos Lectivas, integrante del comité de huelga, y las plataformas universitarias.
“Tras la reunión a la que emplazamos a las responsables políticas de educación, hoy había una silla preparada para la consejera Mercedes Zarzalejo y otras dos para las ministras Diana Morant y Milagros Tolón. Esas sillas siguen vacías. Y esa ausencia dice mucho más que cualquier comunicado”, señalan las plataformas en el texto difundido tras la cita.
El comunicado cuestiona que el Ejecutivo regional presente como “histórico” su presupuesto universitario. Según los cálculos de las plataformas, el plan autonómico situaría el gasto en universidad pública en el 0,39% del PIB madrileño en 2031, frente a una media estatal que cifran en torno al 0,7% y al objetivo del 1% que recoge la LOSU.
Las organizaciones sostienen que la financiación básica resulta insuficiente para afrontar el funcionamiento ordinario de los centros. Denuncian que esa situación está provocando recortes en docencia, investigación, infraestructuras y condiciones laborales, además de comprometer la calidad de la formación.
“Y esto no tiene ninguna justificación económica”, afirman, al contraponer esas dificultades con el crecimiento económico y la riqueza de la región.
Las plataformas atribuyen la situación a una decisión política. “Queremos decirlo con claridad: esto no es incapacidad ni mala gestión, es un modelo. Primero se degrada lo público y después se ofrece lo privado como solución”, recoge el comunicado. Como ejemplo, aseguran que 53 de cada 100 contrataciones de personal universitario realizadas en Madrid entre 2016 y 2024 correspondieron a universidades privadas.
La Consejería, por su parte, ha defendido el acuerdo plurianual de financiación firmado con los rectores de las seis universidades públicas y ha pedido tiempo para que despliegue sus efectos. Zarzalejo ha calificado las reivindicaciones de “totalmente inalcanzables”.
Las plataformas denuncian “silencio e incomparecencia”
Las organizaciones recuerdan que el 26 de octubre dirigieron una carta al Gobierno madrileño para solicitar formalmente una mesa de negociación. Aseguran que aquella petición quedó sin respuesta y que el encuentro del miércoles tampoco permitió abrir el diálogo.
“Hoy les hemos citado aquí para abrir la puerta a la apertura de esta negociación. La respuesta: silencio e incomparecencia”, reprochan.
En el mismo apartado denuncian lo que consideran una respuesta represiva a las movilizaciones. Según su relato, el 14 de octubre hubo cinco personas detenidas y seis heridas durante un piquete en la Facultad de Químicas de la Complutense. También recuerdan la detención de un docente el 5 de noviembre frente a la Consejería y rechazan que Ayuso calificara la huelga de “torticera”.
“La Comunidad de Madrid tiene un conflicto abierto en toda la educación madrileña y, por tanto, en una parte muy importante de la sociedad madrileña que se opone a este destrozo y desmantelamiento de lo público por parte del Partido Popular”, sostienen.
Responsabilidades al Gobierno central
La crítica del comunicado alcanza a los ministerios convocados. Las plataformas consideran que el reparto de competencias obliga también al Gobierno de España a actuar para garantizar la financiación universitaria.
“La LOSU fijó un objetivo de financiación del 1 %, pero sin mecanismos para hacerlo cumplir es papel mojado”, afirman. Acusan al departamento de Universidades de conocer la situación madrileña sin haber tomado medidas y califican su ausencia de “cómplice de esta situación”.
Un calendario de financiación y 362 millones más en 2027
Las plataformas exigen una senda presupuestaria que permita alcanzar una financiación equivalente al 1% del PIB regional para el sistema universitario público. Para los presupuestos madrileños de 2027, calculan que sería necesario incorporar 362 millones de euros adicionales a lo previsto.
Defienden que ese incremento permitiría combatir la precariedad contractual, revertir recortes y reducir sustancialmente el precio de las matrículas. También reclaman “el fin de la represión policial de la protesta y del insulto reiterado a la comunidad universitaria” por parte de las autoridades regionales.
El texto termina con una advertencia al Gobierno de Ayuso. “Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid se niega a revisar sus políticas y a negociar, incumpliendo su mandato público, no nos dejan otra salida que escalar el conflicto, y en próximas fechas así lo haremos. La pelota está en su tejado”.
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